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La Fiscalía apoya extraditar a Estados Unidos al activista propalestino Fergie Chambers
Chambers denuncia una persecución política y su defensa cuestiona las traducciones de la documentación estadounidense antes de la vista del 13 de noviembre.
Publicado: 10 de noviembre de 2026, 15:52
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado favorable a extraditar a Estados Unidos al activista y filántropo propalestino James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., reclamado por presunto blanqueo internacional de capitales y por delitos relacionados con disturbios. Las autoridades estadounidenses sostienen que sus fondos podían servir para apoyar a Hamás y que instigó acciones contra una empresa israelí de defensa.
Chambers, heredero del grupo de telecomunicaciones Cox, fue detenido el 10 de julio en Ibiza y permanece en prisión provisional en la cárcel madrileña de Aranjuez. La vista de extradición está prevista para este viernes, 13 de noviembre. El activista se opuso a su entrega en una primera declaración ante la Audiencia Nacional en septiembre.
La Fiscalía considera que se cumplen los requisitos legales para la extradición, amparada por el tratado entre España y Estados Unidos de 1970, otros acuerdos y la Ley de Extradición Pasiva. Entre ellos cita que los hechos son delito en ambos países, que las penas superan un año de prisión y que no han prescrito. También señala que Chambers es estadounidense, no tiene nacionalidad española y ha podido expresarse ante el tribunal asistido por un abogado.
Según el Ministerio Público, los hechos imputados encajarían en España en delitos de financiación del terrorismo, daños o desórdenes públicos terroristas, coacciones terroristas y constitución o integración en una organización terrorista. El fiscal rechaza que la petición tenga carácter político o militar y recuerda que la ley española no considera delitos políticos los actos de terrorismo.
Estados Unidos reclama a Chambers por presunto blanqueo internacional de capitales, al atribuirle transferencias destinadas a promover la prestación de apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Por este delito se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500.000 dólares. También se le acusa de disturbios y conspiración para provocarlos, delitos para los que se prevén penas máximas de cinco años de prisión.
La documentación estadounidense, recogida por la Fiscalía, sostiene que entre marzo de 2024 y abril de 2025 Chambers realizó diez transferencias desde Bank of America a un banco tunecino tras huir de su país. Las autoridades afirman que pretendía utilizar esos fondos para promover actividades ilícitas y acciones violentas que beneficiaran a Hamás, incluso mediante pagos a supuestas organizaciones benéficas.
El informe también recoge que Chambers expresó públicamente su apoyo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y menciona encuentros en una embajada iraní durante 2024. Según la Fiscalía, al día siguiente de una visita transfirió 20.000 dólares a la Alianza por la Justicia Global, patrocinadora fiscal de varios grupos, entre ellos la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos, Samidoun, a la que anteriormente había aportado 40.000 dólares.
La acusación estadounidense vincula además a Chambers con acciones contra Elbit, empresa israelí de defensa que suministra equipos al Ejército de Israel. Le atribuye la financiación de Unity of Fields, antes denominada Palestine Action U.S., y la compra de candados, cadenas y cables que se habrían usado contra las instalaciones de la compañía en octubre de 2023.
Según la Fiscalía, al día siguiente de esa compra varias personas causaron daños y realizaron pintadas en la propiedad de Elbit, y hubo personas que se encadenaron a las puertas. También atribuye a Chambers el pago de botes de humo encontrados, pintura y un embudo, así como de fianzas de personas detenidas. La documentación estadounidense le acusa además de atarse a las puertas del edificio, convocar protestas en redes y dirigir una reunión para organizar una acción que buscaba cortar el tráfico y colgar pancartas.
El 20 de noviembre de 2023, según esos documentos, numerosas personas se concentraron junto a la empresa; algunas bloquearon el acceso, la fachada sufrió daños, había ventanas rotas y un candado impedía entrar y salir. La defensa sostiene que esos hechos ya fueron juzgados en Estados Unidos y que otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión, frente a los cinco años que se piden para Chambers, lo que considera desproporcionado.
Chambers y sus abogados niegan las acusaciones y afirman que el dinero transferido se destinó a un equipo de fútbol en Túnez y, en Palestina, a la construcción de un horno y al apoyo de hospitales. Su defensa, a cargo del letrado Aitor Martínez y el exjuez Baltasar Garzón, del despacho Ilocad, denuncia que Estados Unidos alteró de mala fe las traducciones de la documentación para agravar los hechos y vincularlo con la promoción de actividades terroristas, algo que asegura que no figura en los cargos.
Ante el juez, el activista denunció que sufre una persecución política de la Administración Trump por apoyar la causa palestina. Podemos también ha reclamado su puesta en libertad al considerar que se trata de una persecución política.
Chambers, heredero del grupo de telecomunicaciones Cox, fue detenido el 10 de julio en Ibiza y permanece en prisión provisional en la cárcel madrileña de Aranjuez. La vista de extradición está prevista para este viernes, 13 de noviembre. El activista se opuso a su entrega en una primera declaración ante la Audiencia Nacional en septiembre.
La Fiscalía considera que se cumplen los requisitos legales para la extradición, amparada por el tratado entre España y Estados Unidos de 1970, otros acuerdos y la Ley de Extradición Pasiva. Entre ellos cita que los hechos son delito en ambos países, que las penas superan un año de prisión y que no han prescrito. También señala que Chambers es estadounidense, no tiene nacionalidad española y ha podido expresarse ante el tribunal asistido por un abogado.
Según el Ministerio Público, los hechos imputados encajarían en España en delitos de financiación del terrorismo, daños o desórdenes públicos terroristas, coacciones terroristas y constitución o integración en una organización terrorista. El fiscal rechaza que la petición tenga carácter político o militar y recuerda que la ley española no considera delitos políticos los actos de terrorismo.
Estados Unidos reclama a Chambers por presunto blanqueo internacional de capitales, al atribuirle transferencias destinadas a promover la prestación de apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Por este delito se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500.000 dólares. También se le acusa de disturbios y conspiración para provocarlos, delitos para los que se prevén penas máximas de cinco años de prisión.
La documentación estadounidense, recogida por la Fiscalía, sostiene que entre marzo de 2024 y abril de 2025 Chambers realizó diez transferencias desde Bank of America a un banco tunecino tras huir de su país. Las autoridades afirman que pretendía utilizar esos fondos para promover actividades ilícitas y acciones violentas que beneficiaran a Hamás, incluso mediante pagos a supuestas organizaciones benéficas.
El informe también recoge que Chambers expresó públicamente su apoyo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y menciona encuentros en una embajada iraní durante 2024. Según la Fiscalía, al día siguiente de una visita transfirió 20.000 dólares a la Alianza por la Justicia Global, patrocinadora fiscal de varios grupos, entre ellos la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos, Samidoun, a la que anteriormente había aportado 40.000 dólares.
La acusación estadounidense vincula además a Chambers con acciones contra Elbit, empresa israelí de defensa que suministra equipos al Ejército de Israel. Le atribuye la financiación de Unity of Fields, antes denominada Palestine Action U.S., y la compra de candados, cadenas y cables que se habrían usado contra las instalaciones de la compañía en octubre de 2023.
Según la Fiscalía, al día siguiente de esa compra varias personas causaron daños y realizaron pintadas en la propiedad de Elbit, y hubo personas que se encadenaron a las puertas. También atribuye a Chambers el pago de botes de humo encontrados, pintura y un embudo, así como de fianzas de personas detenidas. La documentación estadounidense le acusa además de atarse a las puertas del edificio, convocar protestas en redes y dirigir una reunión para organizar una acción que buscaba cortar el tráfico y colgar pancartas.
El 20 de noviembre de 2023, según esos documentos, numerosas personas se concentraron junto a la empresa; algunas bloquearon el acceso, la fachada sufrió daños, había ventanas rotas y un candado impedía entrar y salir. La defensa sostiene que esos hechos ya fueron juzgados en Estados Unidos y que otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión, frente a los cinco años que se piden para Chambers, lo que considera desproporcionado.
Chambers y sus abogados niegan las acusaciones y afirman que el dinero transferido se destinó a un equipo de fútbol en Túnez y, en Palestina, a la construcción de un horno y al apoyo de hospitales. Su defensa, a cargo del letrado Aitor Martínez y el exjuez Baltasar Garzón, del despacho Ilocad, denuncia que Estados Unidos alteró de mala fe las traducciones de la documentación para agravar los hechos y vincularlo con la promoción de actividades terroristas, algo que asegura que no figura en los cargos.
Ante el juez, el activista denunció que sufre una persecución política de la Administración Trump por apoyar la causa palestina. Podemos también ha reclamado su puesta en libertad al considerar que se trata de una persecución política.