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La Fiscalía Anticorrupción solicita el procesamiento de Javier Pérez Dolset por defraudar más de 30 millones de euros en subvenciones públicas.
El empresario está acusado de manipulación fraudulenta y otros delitos en el caso Zed, que compromete su compañía y su círculo cercano.
Publicado: 26 de junio de 2025, 12:50
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado cargos formales contra el empresario Javier Pérez Dolset, acusándolo de defraudar más de 30 millones de euros mediante un sofisticado sistema que involucraba la obtención masiva de subvenciones públicas. Según el fiscal José Grinda, las maniobras ilícitas se llevaron a cabo entre 2011 y 2016, en connivencia con su círculo familiar y profesional, incluyendo el uso de facturas falsificadas y otras prácticas engañosas para desviar fondos de su empresa Zed WorldWide.
La financiación pública, que superó los 48 millones de euros, provino de múltiples programas de ayuda de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, así como del Ministerio de Economía. A través de esta estructuración, se realizó una manipulación fraudulenta de los requisitos necesarios para acceder a dichas ayudas y préstamos, lo que trajo consigo una serie de implicaciones legales tanto para Pérez Dolset como para los miembros de su familia implicados. Anticorrupción ha confirmado que el total defraudado podría ascender a 37,5 millones de euros, incluyendo un fraude adicional de 30 millones de euros en subvenciones.
El caso ha suscitado un alto interés mediático, especialmente por su vinculación con situaciones políticas, dado que Pérez Dolset ha estado relacionado con la exmilitante socialista Leire Díez. Este ha denunciado ser víctima de un supuesto 'lawfare', acusando que su situación está motivada por maniobras políticas en su contra. Dolset se ha defendido públicamente, afirmando que las acusaciones son infundadas y que ha denunciado al fiscal Grinda por revelación de secretos.
El fiscal Grinda aprecia multiplicidad de delitos, incluyendo fraude de subvenciones, falseamiento de documentos mercantiles, insolvencia punible y blanqueo de capitales. La investigación ha identificado a más de una docena de personas y empresas implicadas en este entramado fraudulento, que utilizaba prácticas engañosas para la obtención de fondos públicos.
La financiación pública, que superó los 48 millones de euros, provino de múltiples programas de ayuda de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, así como del Ministerio de Economía. A través de esta estructuración, se realizó una manipulación fraudulenta de los requisitos necesarios para acceder a dichas ayudas y préstamos, lo que trajo consigo una serie de implicaciones legales tanto para Pérez Dolset como para los miembros de su familia implicados. Anticorrupción ha confirmado que el total defraudado podría ascender a 37,5 millones de euros, incluyendo un fraude adicional de 30 millones de euros en subvenciones.
El caso ha suscitado un alto interés mediático, especialmente por su vinculación con situaciones políticas, dado que Pérez Dolset ha estado relacionado con la exmilitante socialista Leire Díez. Este ha denunciado ser víctima de un supuesto 'lawfare', acusando que su situación está motivada por maniobras políticas en su contra. Dolset se ha defendido públicamente, afirmando que las acusaciones son infundadas y que ha denunciado al fiscal Grinda por revelación de secretos.
El fiscal Grinda aprecia multiplicidad de delitos, incluyendo fraude de subvenciones, falseamiento de documentos mercantiles, insolvencia punible y blanqueo de capitales. La investigación ha identificado a más de una docena de personas y empresas implicadas en este entramado fraudulento, que utilizaba prácticas engañosas para la obtención de fondos públicos.