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La Fiscalía Anticorrupción pide prórroga de seis meses en el 'caso Koldo' tras analizar 169 dispositivos electrónicos
La UCO subraya la complejidad del análisis, anticipando nuevas imputaciones en la presunta trama de corrupción por mascarillas.
Publicado: 1 de agosto de 2025, 12:14
En el marco del 'caso Koldo', la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la prórroga de la investigación por un periodo de seis meses, justificando esta petición por la complejidad del análisis de 169 dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros realizados en febrero del año anterior. Estos dispositivos son gestionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y su análisis ha sido 'muy laborioso'. A medida que avancen los análisis, se anticipa que puedan surgir nuevas diligencias y potencialmente nuevas imputaciones relacionadas con el caso.
Luis Pastor, fiscal a cargo del caso, ha destacado en un escrito presentado en la Audiencia Nacional la importancia del contenido de estos dispositivos para la investigación. La prórroga solicitada es considerada razonable, dado que una primera extensión fue aprobada en septiembre y otra el 27 de febrero, que está próxima a vencerse. La acusación popular se ha opuesto a la devolución de los dispositivos, argumentando que aún quedan diligencias que justifican su retención. Se requiere determinar también la naturaleza de las evidencias encontradas en los dispositivos, lo que podría influir en el avance de la investigación.
Este caso tiene implicaciones significativas en la percepción pública sobre la gestión de la crisis sanitaria en España y afecta a numerosas figuras políticas, incluyendo al exministro José Luis Ábalos. Las dinámicas legales y el interés público en torno a la corrupción relacionada con la compraventa de mascarillas durante la pandemia son evidentes en este contexto.
Luis Pastor, fiscal a cargo del caso, ha destacado en un escrito presentado en la Audiencia Nacional la importancia del contenido de estos dispositivos para la investigación. La prórroga solicitada es considerada razonable, dado que una primera extensión fue aprobada en septiembre y otra el 27 de febrero, que está próxima a vencerse. La acusación popular se ha opuesto a la devolución de los dispositivos, argumentando que aún quedan diligencias que justifican su retención. Se requiere determinar también la naturaleza de las evidencias encontradas en los dispositivos, lo que podría influir en el avance de la investigación.
Este caso tiene implicaciones significativas en la percepción pública sobre la gestión de la crisis sanitaria en España y afecta a numerosas figuras políticas, incluyendo al exministro José Luis Ábalos. Las dinámicas legales y el interés público en torno a la corrupción relacionada con la compraventa de mascarillas durante la pandemia son evidentes en este contexto.