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La Fiscalía Anticorrupción niega la libertad a Santos Cerdán por riesgo de destrucción de pruebas en caso de corrupción.
La defensa de Cerdán argumenta falta de indicios suficientes y denuncia una prisión 'incompatible con la presunción de inocencia'.
Publicado: 11 de julio de 2025, 12:37
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la solicitud de libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien se encuentra encarcelado en Soto del Real tras ser imputado en un caso de corrupción que implica a varios miembros del partido. La decisión de la Fiscalía se basa en la existencia de un riesgo significativo de destrucción de pruebas, un criterio que ha sido reiterado en los escritos presentados ante el Tribunal Supremo.
Cerdán fue detenido el 30 de junio y se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Durante la audiencia en la que se solicitó su ingreso en prisión, la Fiscalía argumentó que, si se le concedía la libertad, podría haber alteraciones o destrucción de evidencias clave en la investigación. En un reciente pronunciamiento, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha señalado como "el jefe de la presunta organización criminal".
La defensa de Cerdán, por otro lado, argumenta que la prisión ha sido impuesta sin los 'indicios de criminalidad suficientes', calificando esta situación como una 'causa general' en su contra y un procedimiento que vulnera la presunción de inocencia. Cerdán ha mantenido su inocencia, afirmando que no hay pruebas que respalden las acusaciones en su contra y que su implicación en la trama es el resultado de una operación orquestada por la Guardia Civil en un contexto de hostilidad política.
Durante la vistilla en la que se determinó su prisión, el fiscal adujo que había riesgo de fuga y subrayó la gravedad de los delitos que se le imputan, además de su capacidad para "condicionar" a testigos e investigados. La Fiscalía se ha opuesto de manera contundente a los argumentos de la defensa, señalando la existencia de un "homogéneo y consistente conjunto de indicios verdaderamente extraordinarios" de que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El Partido Popular también ha alzado su voz contra la posible liberación de Cerdán, apoyando la decisión de la Fiscalía y señalando que no puede considerarse un caso político, sino uno de corrupción. Durante su comparecencia ante el juez, Cerdán negó cualquier implicación en la adjudicación ilegal de obra pública, así como en el cobro de mordidas. Además, su defensa ha criticado el procedimiento como una forma de "tortura indagatoria", enfatizando que la investigación todavía carece de concreciones sobre las obras en las que supuestamente está implicado.
Cerdán fue detenido el 30 de junio y se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Durante la audiencia en la que se solicitó su ingreso en prisión, la Fiscalía argumentó que, si se le concedía la libertad, podría haber alteraciones o destrucción de evidencias clave en la investigación. En un reciente pronunciamiento, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha señalado como "el jefe de la presunta organización criminal".
La defensa de Cerdán, por otro lado, argumenta que la prisión ha sido impuesta sin los 'indicios de criminalidad suficientes', calificando esta situación como una 'causa general' en su contra y un procedimiento que vulnera la presunción de inocencia. Cerdán ha mantenido su inocencia, afirmando que no hay pruebas que respalden las acusaciones en su contra y que su implicación en la trama es el resultado de una operación orquestada por la Guardia Civil en un contexto de hostilidad política.
Durante la vistilla en la que se determinó su prisión, el fiscal adujo que había riesgo de fuga y subrayó la gravedad de los delitos que se le imputan, además de su capacidad para "condicionar" a testigos e investigados. La Fiscalía se ha opuesto de manera contundente a los argumentos de la defensa, señalando la existencia de un "homogéneo y consistente conjunto de indicios verdaderamente extraordinarios" de que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El Partido Popular también ha alzado su voz contra la posible liberación de Cerdán, apoyando la decisión de la Fiscalía y señalando que no puede considerarse un caso político, sino uno de corrupción. Durante su comparecencia ante el juez, Cerdán negó cualquier implicación en la adjudicación ilegal de obra pública, así como en el cobro de mordidas. Además, su defensa ha criticado el procedimiento como una forma de "tortura indagatoria", enfatizando que la investigación todavía carece de concreciones sobre las obras en las que supuestamente está implicado.