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La Fiscalía Anticorrupción llama a declarar a Catalina García por la gestión de contratos de emergencia en el SAS durante la pandemia
La exconsejera de Salud es señalada por su papel en la eliminación de controles previos a la contratación de servicios sanitarios.
Publicado: 26 de noviembre de 2025, 13:37
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez la citación de la exconsejera de Salud de Andalucía, Catalina García, como testigo en la investigación de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La investigación se centra en la decisión de modificar la fiscalización de los contratos de un control previo a uno a posteriori, una medida impulsada por García en una reunión de viceconsejeros antes de la formalización de los cambios el 6 de octubre de 2020. La falta de respaldo oficial para estas decisiones ha generado dudas sobre la legalidad de los contratos adjudicados.
García defiende que estas medidas eran necesarias para afrontar la crisis sanitaria, aunque otros funcionarios, como Miguel Ángel Guzmán, han señalado que se tomaron sin la debida consulta a los equipos responsables, comprometiendo la integridad de la contratación pública. La Fiscalía también busca testimonios de otros implicados para esclarecer cómo y por qué se implementaron estos cambios en el control financiero durante un momento crítico. Recientemente, se ha confirmado que Anticorrupción ha citado a declarar a García en su rol como exconsejera entre 2022 y 2024, período en el cual se llevaron a cabo numerosas modificaciones en la gestión de contratos del SAS en un contexto de emergencia sanitaria. La petición también incluye al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, quien participó activamente en el cambio de control de gastos, conocido como el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020.
La solicitud de testimonio se produce en un contexto en el que han surgido dudas sobre la gestión y el control de los fondos destinados a la sanidad, sumando complicaciones al sistema de contratación en una época de urgencias y crisis sanitaria. En este sentido, el pasado 26 de noviembre, Catalina García argumentó que la actuación del Gobierno andaluz y su cartera fue correcta, defendiendo que "se actuó para la protección de las personas" durante una crisis global. Esta revisión de políticas sanitarias ha generado un debate en el Parlamento andaluz, donde la coalición de gobierno del PP ha enfrentado presiones resultantes de importantes movilizaciones ciudadanas en favor de mejoras en el sistema de salud pública, que se han intensificado tras la crisis de los cribados de cáncer.
García defiende que estas medidas eran necesarias para afrontar la crisis sanitaria, aunque otros funcionarios, como Miguel Ángel Guzmán, han señalado que se tomaron sin la debida consulta a los equipos responsables, comprometiendo la integridad de la contratación pública. La Fiscalía también busca testimonios de otros implicados para esclarecer cómo y por qué se implementaron estos cambios en el control financiero durante un momento crítico. Recientemente, se ha confirmado que Anticorrupción ha citado a declarar a García en su rol como exconsejera entre 2022 y 2024, período en el cual se llevaron a cabo numerosas modificaciones en la gestión de contratos del SAS en un contexto de emergencia sanitaria. La petición también incluye al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, quien participó activamente en el cambio de control de gastos, conocido como el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020.
La solicitud de testimonio se produce en un contexto en el que han surgido dudas sobre la gestión y el control de los fondos destinados a la sanidad, sumando complicaciones al sistema de contratación en una época de urgencias y crisis sanitaria. En este sentido, el pasado 26 de noviembre, Catalina García argumentó que la actuación del Gobierno andaluz y su cartera fue correcta, defendiendo que "se actuó para la protección de las personas" durante una crisis global. Esta revisión de políticas sanitarias ha generado un debate en el Parlamento andaluz, donde la coalición de gobierno del PP ha enfrentado presiones resultantes de importantes movilizaciones ciudadanas en favor de mejoras en el sistema de salud pública, que se han intensificado tras la crisis de los cribados de cáncer.