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La Fiscalía acusa al novio de Ayuso de fraude fiscal por uso de facturas falsas en investigación de Hacienda
Detalles de las declaraciones de inspectores resaltan irregularidades contables y un posible patrón de corrupción en la gestión fiscal de Amador.
Publicado: 11 de septiembre de 2025, 07:07
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, está siendo investigado por la Fiscalía debido a presunto fraude fiscal relacionado con el uso de facturas falsas. Recientemente, se han revelado audios que aportan más detalles sobre la investigación, en los que la inspectora de Hacienda Mercedes Urbano explica las irregularidades en la fiscalidad de Amador, quien utilizó una red de facturadores falsos para evitar pagar impuestos, lo que resulta en un presunto fraude que asciende a 350.910 euros. Las declaraciones de inspectores de Hacienda han destacado la magnitud de las irregularidades fiscales, revelando que durante 2020, la empresa Maxwell Cremona de Amador generó aproximadamente 2,3 millones de euros, pero con una tributación inadecuada.
El testimonio de la inspectora M. describió la identificación de dos delitos contra la Hacienda pública, incluyendo el uso de facturas falsas por un total de 1,7 millones de euros provenientes de empresas en México y Costa de Marfil que no tienen registros de los servicios supuestamente prestados. Además, otro informe de la inspectora Mercedes Urbano corroboró un patrón repetido de conducta por parte de González Amador para inflar sus gastos y así disminuir su carga fiscal.
La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que suman tres años y nueve meses para González Amador, quien ha alegado que la investigación es un ataque del Gobierno hacia Ayuso. Óscar López, líder del PSOE-M, ha exigido la dimisión de Ayuso tras la revelación de estos audios, alegando que no puede liderar el mensaje de pago de impuestos quien defiende a alguien que utiliza facturas falsas. Las inspectoras han defendido su independencia y la transparencia de sus investigaciones, en un marco de creciente tensión política en torno al caso, algo que se ve reflejado en el contexto de las movilizaciones por la Diada y las declaraciones de varios líderes políticos, quienes demandan diferentes enfoques para afrontar la situación.
El testimonio de la inspectora M. describió la identificación de dos delitos contra la Hacienda pública, incluyendo el uso de facturas falsas por un total de 1,7 millones de euros provenientes de empresas en México y Costa de Marfil que no tienen registros de los servicios supuestamente prestados. Además, otro informe de la inspectora Mercedes Urbano corroboró un patrón repetido de conducta por parte de González Amador para inflar sus gastos y así disminuir su carga fiscal.
La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que suman tres años y nueve meses para González Amador, quien ha alegado que la investigación es un ataque del Gobierno hacia Ayuso. Óscar López, líder del PSOE-M, ha exigido la dimisión de Ayuso tras la revelación de estos audios, alegando que no puede liderar el mensaje de pago de impuestos quien defiende a alguien que utiliza facturas falsas. Las inspectoras han defendido su independencia y la transparencia de sus investigaciones, en un marco de creciente tensión política en torno al caso, algo que se ve reflejado en el contexto de las movilizaciones por la Diada y las declaraciones de varios líderes políticos, quienes demandan diferentes enfoques para afrontar la situación.