Progresista 75%Conservador 25%
La fiscal general de EE.UU. asigna al director de la DEA como nuevo comisario de la Policía de Washington DC en medio de una controversia legal.
La decisión genera rechazo por parte de las autoridades locales que la consideran ilegal, mientras se despliegan 800 uniformados de la Guardia Nacional en la ciudad.
Publicado: 15 de agosto de 2025, 06:33
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha tomado una decisión polémica al designar al director de la DEA, Terry Cole, como comisario de la Policía de Washington DC, en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad. Esta medida permite a Cole ejercer todos los poderes del jefe de Policía del Distrito de Columbia, restringiendo la autonomía de la jefa de Policía, Pamela Smith.
La designación ha sido considerada ilegal por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, y la alcaldesa Muriel Bowser, quienes argumentan que no están obligados a cumplirla. La administración Trump justifica su intervención basándose en el aumento de la criminalidad y la inmigración ilegal, mientras que Bowser se opone firmemente a esta acción federal.
Adicionalmente, Trump ha activado 800 tropas de la Guardia Nacional para restablecer el orden en la ciudad, lo que ha generado críticas sobre el impacto en la autonomía local y el enfoque de la administración hacia la inmigración. Terry Cole, quien asumirá el cargo de forma inmediata, se convierte en un actor clave en la agenda política del gobierno federal relacionada con la delincuencia y la inmigración en DC. La orden firmada por Bondi indica que Cole tendrá todos los poderes y deberes conferidos al jefe de Policía del Distrito de Columbia, y el Departamento de Policía Metropolitana deberá obtener su aprobación antes de emitir cualquier orden.
La intervención federal se ha justificado por la crisis de seguridad que vive Washington, que según Trump, está agravada por las políticas de las ciudades santuario y la inmigración ilegal. Además, el presidente ha indicado su intención de extender el control federal sobre la Policía de la capital más allá de los 30 días que estipula la ley, argumentando que este tiempo no es suficiente para combatir el crimen.
El despliegue de tropas de la Guardia Nacional incluye patrullajes en las calles, instalación de puntos de control en varias zonas de la ciudad y colaboración con agencias federales como el FBI y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La situación ha generado un amplio debate sobre la autonomía local y cómo se gestionan los cuerpos de seguridad en la capital del país.
La designación ha sido considerada ilegal por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, y la alcaldesa Muriel Bowser, quienes argumentan que no están obligados a cumplirla. La administración Trump justifica su intervención basándose en el aumento de la criminalidad y la inmigración ilegal, mientras que Bowser se opone firmemente a esta acción federal.
Adicionalmente, Trump ha activado 800 tropas de la Guardia Nacional para restablecer el orden en la ciudad, lo que ha generado críticas sobre el impacto en la autonomía local y el enfoque de la administración hacia la inmigración. Terry Cole, quien asumirá el cargo de forma inmediata, se convierte en un actor clave en la agenda política del gobierno federal relacionada con la delincuencia y la inmigración en DC. La orden firmada por Bondi indica que Cole tendrá todos los poderes y deberes conferidos al jefe de Policía del Distrito de Columbia, y el Departamento de Policía Metropolitana deberá obtener su aprobación antes de emitir cualquier orden.
La intervención federal se ha justificado por la crisis de seguridad que vive Washington, que según Trump, está agravada por las políticas de las ciudades santuario y la inmigración ilegal. Además, el presidente ha indicado su intención de extender el control federal sobre la Policía de la capital más allá de los 30 días que estipula la ley, argumentando que este tiempo no es suficiente para combatir el crimen.
El despliegue de tropas de la Guardia Nacional incluye patrullajes en las calles, instalación de puntos de control en varias zonas de la ciudad y colaboración con agencias federales como el FBI y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La situación ha generado un amplio debate sobre la autonomía local y cómo se gestionan los cuerpos de seguridad en la capital del país.