La falta de diálogo político provoca el estancamiento en la regulación de la vivienda y en el uso de Taser en Barcelona

La compleja situación política en Barcelona se ha visto evidenciada por la reciente ruptura de negociaciones entre Junts y el gobierno del alcalde Jaume Collboni, en torno a la flexibilización de la reserva del 30% de vivienda protegida. Este desacuerdo ha traído consigo no solo la frustración de los líderes empresariales, que claman por "responsabilidad" en la toma de decisiones, sino también un repunte de la incertidumbre política que ha afectado otras áreas, como el uso de armas eléctricas por parte de la Guardia Urbana.

Josep Sánchez Llibre y Xavier Vilajoana manifestaron su decepción por la falta de compromiso de PSC y Junts para llegar a un acuerdo que beneficie a la ciudadanía. Este intercambio de acusaciones y la falta de entendimiento resonaron en el plenario del Ayuntamiento donde se planteaba la votación sobre la regulación del uso de pistolas Taser. Junts decidió retirar su apoyo al reglamento que permitiría que la Guardia Urbana usara pistolas Taser, alegando que la ausencia de diálogo con sindicatos policiales era un motivo suficiente para votar en contra.

Ambos factores, la negativa a avanzar en la reforma de vivienda protegida y el aplazamiento del uso de Taser, revelan un patrón de desencuentro que acentúa la desafección ciudadana hacia la política, acentuando la sensación de que las promesas y las expectativas de cambio no se están cumpliendo.