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La entrega de la Memoria de la Fiscalía al Rey precede un año judicial marcado por la controversia sobre el fiscal general
Álvaro García Ortiz se encuentra procesado por un delito de revelación de secretos justo antes de la inauguración del año judicial.
Publicado: 3 de septiembre de 2025, 12:48
Este miércoles, el Rey Felipe VI recibió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Palacio de la Zarzuela, en un encuentro que tiene lugar solo dos días antes de la tradicional inauguración del año judicial, que este año se presenta rodeada de controversia. García Ortiz entregó al monarca la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024, un documento que recoge el análisis de la evolución de la criminalidad y propone reformas para una mayor eficacia de la Justicia en España.
La entrega de la memoria es un acto formal que precede la apertura del año judicial, programada para el próximo viernes en el Tribunal Supremo, donde García Ortiz presentará oficialmente el informe. Sin embargo, el contexto de esta reunión es particularmente complejo, ya que el fiscal general está procesado por un delito de revelación de secretos, relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Seis acusaciones populares han solicitado penas de entre cuatro y seis años de prisión para García Ortiz, lo que ha generado un clima de malestar y preocupación dentro del propio Tribunal Supremo, donde algunos magistrados consideran 'escandalosa' su participación en el acto institucional.
El Partido Popular (PP) ha criticado la situación, afirmando que pedir al Rey que comparta un acto con un fiscal en situación procesal comprometida es un verdadero insulto a la institución monárquica. Génova, sede del PP, argumenta que el presidente Pedro Sánchez está forzando al jefe del Estado a aparecer en una fotografía indeseable, tras los múltiples choques entre su gobierno y el poder judicial. Este contexto fue subrayado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió públicamente la inocencia de García Ortiz en una reciente entrevista. Sánchez afirmó que no se puede abrir un juicio basado en 'ninguna prueba', en línea con su defensa del fiscal en un contexto de creciente tensión judicial. No obstante, sus declaraciones han suscitado críticas entre los jueces, quienes sienten que el presidente está irrespetando la independencia judicial, un principio fundamental en un sistema democrático. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha pedido respeto institucional hacia la figura del fiscal general, defendiendo su labor y enfatizando que el Gobierno confía plenamente en su trabajo ante el desafío que representa la situación actual.
La entrega de la memoria es un acto formal que precede la apertura del año judicial, programada para el próximo viernes en el Tribunal Supremo, donde García Ortiz presentará oficialmente el informe. Sin embargo, el contexto de esta reunión es particularmente complejo, ya que el fiscal general está procesado por un delito de revelación de secretos, relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Seis acusaciones populares han solicitado penas de entre cuatro y seis años de prisión para García Ortiz, lo que ha generado un clima de malestar y preocupación dentro del propio Tribunal Supremo, donde algunos magistrados consideran 'escandalosa' su participación en el acto institucional.
El Partido Popular (PP) ha criticado la situación, afirmando que pedir al Rey que comparta un acto con un fiscal en situación procesal comprometida es un verdadero insulto a la institución monárquica. Génova, sede del PP, argumenta que el presidente Pedro Sánchez está forzando al jefe del Estado a aparecer en una fotografía indeseable, tras los múltiples choques entre su gobierno y el poder judicial. Este contexto fue subrayado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió públicamente la inocencia de García Ortiz en una reciente entrevista. Sánchez afirmó que no se puede abrir un juicio basado en 'ninguna prueba', en línea con su defensa del fiscal en un contexto de creciente tensión judicial. No obstante, sus declaraciones han suscitado críticas entre los jueces, quienes sienten que el presidente está irrespetando la independencia judicial, un principio fundamental en un sistema democrático. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha pedido respeto institucional hacia la figura del fiscal general, defendiendo su labor y enfatizando que el Gobierno confía plenamente en su trabajo ante el desafío que representa la situación actual.