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La empresa de la pareja de Ayuso enfrenta un desplome de ingresos y un controvertido reparto de dividendos en medio de escándalo fiscal
Maxwell Cremona, bajo investigación por fraude fiscal, reporta drásticas pérdidas económicas y contrasta su situación con un dividendo histórico de 1,22 millones de euros.
Publicado: 20 de agosto de 2025, 12:14
La consultora sanitaria Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en una situación financiera delicada marcada por un escándalo de fraude fiscal. En 2024, la empresa reportó una caída del 49,9% en sus ingresos, alcanzando solo 944.836 euros, lo que representa su nivel más bajo desde 2019. A pesar de esta dramática reducción en ventas, la empresa distribuyó 1,22 millones de euros en dividendos, lo que ha incrementado aún más su descapitalización en un contexto donde pesa sobre ella una causa judicial importante.
La Oficina de la Abogacía del Estado ha solicitado penas de tres años y nueve meses de prisión para González Amador, acusándolo de delitos fiscales y falsedad documental. Esto se origina en un recorrido de irregularidades que incluye el uso de facturas falsas y empresas pantalla para reducir su carga tributaria, generando críticas y atención pública hacia Ayuso. Hasta 2023, Maxwell Cremona había visto un auge en sus operaciones, especialmente durante la pandemia, pero tras una inspección de la Agencia Tributaria, la empresa había operado sin personal en nómina hasta 2024, cuando finalmente contrató cinco empleados.
Las cuentas anuales de 2024 indican un activo total de solo 563.412 euros, un distanciamiento significativo respecto a los 2,22 millones de euros reportados en 2023. Esta situación ha aumentado la presión política sobre Ayuso, quien ha variado su defensa de González Amador, tratando de distanciarse de la controversia mientras enfrenta críticas que exigen responsabilidad y transparencia.
La Oficina de la Abogacía del Estado ha solicitado penas de tres años y nueve meses de prisión para González Amador, acusándolo de delitos fiscales y falsedad documental. Esto se origina en un recorrido de irregularidades que incluye el uso de facturas falsas y empresas pantalla para reducir su carga tributaria, generando críticas y atención pública hacia Ayuso. Hasta 2023, Maxwell Cremona había visto un auge en sus operaciones, especialmente durante la pandemia, pero tras una inspección de la Agencia Tributaria, la empresa había operado sin personal en nómina hasta 2024, cuando finalmente contrató cinco empleados.
Las cuentas anuales de 2024 indican un activo total de solo 563.412 euros, un distanciamiento significativo respecto a los 2,22 millones de euros reportados en 2023. Esta situación ha aumentado la presión política sobre Ayuso, quien ha variado su defensa de González Amador, tratando de distanciarse de la controversia mientras enfrenta críticas que exigen responsabilidad y transparencia.