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La Diputación Permanente decide sobre dos decretos de vivienda del Gobierno
El Ejecutivo prevé convalidar el texto sobre desahucios y ayudas, pero el PNV rechaza el relativo a la renovación de alquileres.
Publicado: 12 de noviembre de 2026, 07:42
La Diputación Permanente del Congreso debate este jueves la convalidación de dos decretos leyes de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar después de que el Pleno rechazara versiones anteriores con los votos de PP, Vox y Junts. La votación llega un día después de la huelga general convocada por UGT y CCOO con demandas sobre vivienda y salarios, y antes del comienzo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La distinta composición de la Diputación Permanente, que mantiene funciones parlamentarias con las Cortes disueltas, permite prever la aprobación del primero de los textos, conocido como decreto Maricarmen. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos suman 35 de sus 69 miembros, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. En el Pleno, estos tres últimos partidos reunían 177 diputados y rechazaron las versiones anteriores de ambos decretos.
El segundo texto, sobre la renovación automática de los contratos de alquiler y las indemnizaciones a los inquilinos, previsiblemente será rechazado porque el PNV se opone a él. Junts cuenta con un representante en la Diputación Permanente, mientras que la representación del Grupo Mixto corresponde a Podemos.
El primer decreto suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando la vivienda pertenezca a un fondo buitre. Si los demandantes no son fondos de este tipo y se dedican al alquiler asequible, la Administración pública buscará una alternativa habitacional. También establece, a petición del inquilino, una prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
La norma veta hasta finales de 2030 la compra especulativa de viviendas por los llamados fondos buitre, definidos como entidades de objeto social inmobiliario que buscan adquirirlas por menos del 70% de su valor de tasación de mercado. Además, convierte en contratos de residencia habitual los alquileres de temporada que carezcan de una causa expresa y acreditada. En los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar la del contrato unitario de la vivienda y deberá respetar los límites de precios en zonas tensionadas.
En materia fiscal, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI a pisos turísticos y viviendas vacías en zonas de mercado tensionado. El texto fija un gravamen del 25% sobre los beneficios no distribuidos de las socimis si no se orientan al alquiler asequible, y prevé bonificaciones en el IRPF para propietarios que rebajen la renta inicial más de un 5% respecto al contrato anterior o alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años en zonas tensionadas.
El programa público Tu Casa, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, contempla préstamos de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda, con una dotación total de 10.000 millones. Los préstamos serán a coste cero, con una carencia hasta que termine el pago de la hipoteca o durante un máximo de 30 años, y un plazo de diez años para devolverlos al 0% de interés. El decreto también crea un fondo de impacto social de 400 millones para impulsar la promoción de vivienda por proveedores sociales.
El otro decreto establece la renovación automática de los contratos que vencen a los cinco años, o a los siete si el propietario es una persona jurídica. El propietario podría poner fin al contrato a su vencimiento, pero, si no necesita la vivienda para sí o para un familiar próximo, tendría que indemnizar al inquilino con al menos 12 mensualidades.
Vox pidió el miércoles a la Mesa de la Diputación Permanente que no se debatan los decretos, tras presentar sin éxito otros dos escritos los días 9 y 16 de octubre. El partido sostiene que los nuevos textos son materialmente idénticos a los rechazados por el Pleno, cuestiona la diferente proporción de fuerzas entre ambos órganos y considera que no concurre la extraordinaria y urgente necesidad exigida para aprobar decretos leyes. A su juicio, la operación constituye un fraude constitucional.
La formación reclama que el voto en la Diputación Permanente se pondere según la composición de los grupos antes de la disolución de las Cortes y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no vote. La Constitución y el Reglamento del Congreso establecen que la Diputación represente a los grupos en proporción a su importancia numérica; la tradición parlamentaria considera a la presidencia un miembro del órgano. Su composición actual se fijó al inicio de la legislatura sin que los grupos presentaran quejas entonces.
Los primeros decretos llegaron tras el desahucio, el 23 de septiembre en Madrid, de Maricarmen Abascal, de 87 años, que llevaba 71 viviendo en el piso. Vecinos y activistas trataron de impedir el lanzamiento. La mujer falleció el 7 de octubre, después de quince días ingresada, y el caso desencadenó protestas y acampadas, entre ellas la de la Puerta del Sol.
Tras el rechazo parlamentario, Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre. El Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos el 6 de octubre, con cambios respecto a los textos anteriores.
La distinta composición de la Diputación Permanente, que mantiene funciones parlamentarias con las Cortes disueltas, permite prever la aprobación del primero de los textos, conocido como decreto Maricarmen. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos suman 35 de sus 69 miembros, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. En el Pleno, estos tres últimos partidos reunían 177 diputados y rechazaron las versiones anteriores de ambos decretos.
El segundo texto, sobre la renovación automática de los contratos de alquiler y las indemnizaciones a los inquilinos, previsiblemente será rechazado porque el PNV se opone a él. Junts cuenta con un representante en la Diputación Permanente, mientras que la representación del Grupo Mixto corresponde a Podemos.
El primer decreto suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando la vivienda pertenezca a un fondo buitre. Si los demandantes no son fondos de este tipo y se dedican al alquiler asequible, la Administración pública buscará una alternativa habitacional. También establece, a petición del inquilino, una prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
La norma veta hasta finales de 2030 la compra especulativa de viviendas por los llamados fondos buitre, definidos como entidades de objeto social inmobiliario que buscan adquirirlas por menos del 70% de su valor de tasación de mercado. Además, convierte en contratos de residencia habitual los alquileres de temporada que carezcan de una causa expresa y acreditada. En los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar la del contrato unitario de la vivienda y deberá respetar los límites de precios en zonas tensionadas.
En materia fiscal, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI a pisos turísticos y viviendas vacías en zonas de mercado tensionado. El texto fija un gravamen del 25% sobre los beneficios no distribuidos de las socimis si no se orientan al alquiler asequible, y prevé bonificaciones en el IRPF para propietarios que rebajen la renta inicial más de un 5% respecto al contrato anterior o alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años en zonas tensionadas.
El programa público Tu Casa, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, contempla préstamos de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda, con una dotación total de 10.000 millones. Los préstamos serán a coste cero, con una carencia hasta que termine el pago de la hipoteca o durante un máximo de 30 años, y un plazo de diez años para devolverlos al 0% de interés. El decreto también crea un fondo de impacto social de 400 millones para impulsar la promoción de vivienda por proveedores sociales.
El otro decreto establece la renovación automática de los contratos que vencen a los cinco años, o a los siete si el propietario es una persona jurídica. El propietario podría poner fin al contrato a su vencimiento, pero, si no necesita la vivienda para sí o para un familiar próximo, tendría que indemnizar al inquilino con al menos 12 mensualidades.
Vox pidió el miércoles a la Mesa de la Diputación Permanente que no se debatan los decretos, tras presentar sin éxito otros dos escritos los días 9 y 16 de octubre. El partido sostiene que los nuevos textos son materialmente idénticos a los rechazados por el Pleno, cuestiona la diferente proporción de fuerzas entre ambos órganos y considera que no concurre la extraordinaria y urgente necesidad exigida para aprobar decretos leyes. A su juicio, la operación constituye un fraude constitucional.
La formación reclama que el voto en la Diputación Permanente se pondere según la composición de los grupos antes de la disolución de las Cortes y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no vote. La Constitución y el Reglamento del Congreso establecen que la Diputación represente a los grupos en proporción a su importancia numérica; la tradición parlamentaria considera a la presidencia un miembro del órgano. Su composición actual se fijó al inicio de la legislatura sin que los grupos presentaran quejas entonces.
Los primeros decretos llegaron tras el desahucio, el 23 de septiembre en Madrid, de Maricarmen Abascal, de 87 años, que llevaba 71 viviendo en el piso. Vecinos y activistas trataron de impedir el lanzamiento. La mujer falleció el 7 de octubre, después de quince días ingresada, y el caso desencadenó protestas y acampadas, entre ellas la de la Puerta del Sol.
Tras el rechazo parlamentario, Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre. El Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos el 6 de octubre, con cambios respecto a los textos anteriores.