La detención del expresidente de la SEPI Vicente Fernández genera tensión en el Gobierno y revela una presunta trama de corrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en una investigación sobre comisiones ilegales relacionadas con amaños de contratos públicos. La detención ocurrió el 10 de diciembre, cuando Fernández se dio cuenta de que estaba siendo seguido por los agentes. Además, se revelaron posibles irregularidades que involucran a Fernández y a otros implicados en operaciones valoradas en 132,9 millones de euros, con comisiones que podrían ascender a 750.614 euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se enfrenta a la presión tras su asociación con Fernández, quien estuvo al frente de la SEPI durante 15 meses. Aunque intenta distanciarse, la preocupación en el Gobierno es evidente dada la posible implicación de Fernández y el impacto político que pueda tener, especialmente con elecciones anticipadas en el horizonte. Además, la UCO continúa investigando diversas empresas vinculadas a la SEPI, y la Fiscalía Anticorrupción evalúa los vínculos en este escándalo.

Las noticias ofrecen perspectivas complementarias: una detalla la etapa inicial de la detención y la investigación, mientras que la otra resalta la respuesta del Gobierno y las preocupaciones sobre las repercusiones políticas. Ambas fuentes confirman la gravedad del caso y su posible efecto en la política española.