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La desigualdad en el acceso al aborto en España: Ayuso desafía al Gobierno por la creación del registro de objetores
Pedro Sánchez exige a comunidades como Madrid y Andalucía que implementen el registro de objetores de conciencia que limita el acceso al aborto en el sistema público.
Publicado: 7 de octubre de 2025, 12:01
La situación del aborto en España se encuentra marcada por una preocupante desigualdad territorial. Un reciente informe del Ministerio de Sanidad señala que en 2024, solo el 21.2% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos. Sin embargo, esta cifra es aún más alarmante en comunidades como Madrid y Andalucía, donde dicho porcentaje no llega ni al 1%. En contraste, autonomías como Cantabria, Galicia o Navarra superan el 75% de los abortos realizados en la sanidad pública.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes de varias comunidades autónomas, incluyendo Madrid, Aragón, Asturias y Baleares, exigiendo la creación de un registro de objetores de conciencia. Este registro, que se basa en una ley de 2023, es crucial para garantizar el acceso de las mujeres a su derecho a abortar en hospitales públicos. A pesar de la presión del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su oposición a esta medida, argumentando que estigmatizaría a los profesionales sanitarios que se niegan a practicar abortos. Esta postura ha sido reafirmada recientemente, indicando que se tomará su tiempo para responder a la solicitud del Gobierno.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que el Gobierno "usará todas las herramientas normativas, jurídicas y administrativas para que la ley se cumpla", incluyendo la advertencia de que se necesita establecer este registro para garantizar el derecho al aborto. García también mencionó que si Madrid y Andalucía alcanzaran el nivel medio de prestaciones en la sanidad pública que otras comunidades ya tienen, el porcentaje nacional de abortos en centros públicos se duplicaría, lo que representaría un avance significativo contra la desigualdad en el acceso.
El informe también revela que en la última década, de los 162,000 abortos realizados en Madrid, apenas 177 se llevaron a cabo en el sistema público. Esto ha llevado a la ministra García a calificar la situación de inaceptable, insistiendo en que se deben implementar prácticas más equitativas y eficaces en el sistema sanitario. Además, se destaca que en 2024, porcentajes alarmantemente bajos en atención pública se registran también en Andalucía (0,2%) y comunidades como Extremadura y Melilla, donde no se realizan abortos en hospitales públicos. La comunicación clara sobre las registraciones de objetores y la necesidad de cumplir con la ley será un tema clave en las próximas acciones del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes de varias comunidades autónomas, incluyendo Madrid, Aragón, Asturias y Baleares, exigiendo la creación de un registro de objetores de conciencia. Este registro, que se basa en una ley de 2023, es crucial para garantizar el acceso de las mujeres a su derecho a abortar en hospitales públicos. A pesar de la presión del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su oposición a esta medida, argumentando que estigmatizaría a los profesionales sanitarios que se niegan a practicar abortos. Esta postura ha sido reafirmada recientemente, indicando que se tomará su tiempo para responder a la solicitud del Gobierno.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que el Gobierno "usará todas las herramientas normativas, jurídicas y administrativas para que la ley se cumpla", incluyendo la advertencia de que se necesita establecer este registro para garantizar el derecho al aborto. García también mencionó que si Madrid y Andalucía alcanzaran el nivel medio de prestaciones en la sanidad pública que otras comunidades ya tienen, el porcentaje nacional de abortos en centros públicos se duplicaría, lo que representaría un avance significativo contra la desigualdad en el acceso.
El informe también revela que en la última década, de los 162,000 abortos realizados en Madrid, apenas 177 se llevaron a cabo en el sistema público. Esto ha llevado a la ministra García a calificar la situación de inaceptable, insistiendo en que se deben implementar prácticas más equitativas y eficaces en el sistema sanitario. Además, se destaca que en 2024, porcentajes alarmantemente bajos en atención pública se registran también en Andalucía (0,2%) y comunidades como Extremadura y Melilla, donde no se realizan abortos en hospitales públicos. La comunicación clara sobre las registraciones de objetores y la necesidad de cumplir con la ley será un tema clave en las próximas acciones del Gobierno.