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La Delegación del Gobierno multará a Falange por mensajes de odio en su manifestación en Madrid
Cientos de manifestantes criticaron el 'régimen genocida del 78' mientras se estudian sanciones por proclamas racistas y homófobas.
Publicado: 22 de noviembre de 2025, 19:56
Este viernes, cientos de personas de Falange Española se manifestaron en Madrid, proclamando mensajes considerados racistas y homófobos, lo que ha llevado a la Delegación del Gobierno a estudiar sanciones para los organizadores. La manifestación se realizó coincidiendo con el aniversario de figuras históricas como José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, y generó polémica por los himnos y saludos fascistas.
La Delegación del Gobierno ha calificado de 'absolutamente intolerables' los mensajes escuchados, indicando que corresponden a delitos de odio y se evaluarán multas debido a las infracciones a la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid autorizó la manifestación a pesar de la prohibición inicial, lo que desató un debate sobre la libertad de expresión y la incitación al odio en la sociedad española.
Figuras políticas, como Óscar López, han criticado la movilización, exigiendo acciones legales contra llamados a la violencia, lo que refleja una creciente polarización social. Esta situación subraya la necesidad de un marco legal más robusto para proteger el discurso público y prevenir actos divisivos en la sociedad.
La Delegación del Gobierno ha calificado de 'absolutamente intolerables' los mensajes escuchados, indicando que corresponden a delitos de odio y se evaluarán multas debido a las infracciones a la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid autorizó la manifestación a pesar de la prohibición inicial, lo que desató un debate sobre la libertad de expresión y la incitación al odio en la sociedad española.
Figuras políticas, como Óscar López, han criticado la movilización, exigiendo acciones legales contra llamados a la violencia, lo que refleja una creciente polarización social. Esta situación subraya la necesidad de un marco legal más robusto para proteger el discurso público y prevenir actos divisivos en la sociedad.