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La decisión judicial sobre el hijo de Juana Rivas genera controversia y críticas por su posible riesgo frente al padre maltratador
Organizaciones de derechos humanos y la Ministra de Igualdad cuestionan la legalidad de la orden de entrega del menor a su padre en Italia.
Publicado: 17 de julio de 2025, 21:01
La situación de custodia relacionada con el hijo menor de Juana Rivas ha llevado a un gran revuelo social y político en España. Recientemente, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada emitió una orden que requiere que Juana entregue a su hijo menor, Daniel, a su padre italiano, Francesco Arcuri, el próximo 22 de julio. Esta decisión ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos, así como por la propia Ministra de Igualdad, Ana Redondo.
En respuesta a esta controvertida decisión, Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que "ponga en marcha todas las herramientas a su alcance" para garantizar que Daniel permanezca en España, a pesar de la orden judicial de regreso a Italia. A través de una carta, el menor ha expresado su profundo temor por su seguridad, mencionando haber sufrido violencia en Italia, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para que reconsideren la situación.
Rego ha enfatizado la urgencia de escuchar al menor antes de su posible entrega, indicando que cualquier medida que ignore sus temores podría vulnerar su derecho a ser oído. La carta de Daniel ha provocado una ola de solidaridad y ha llevado a la ministra a reiterar que los niños deben ser escuchados en estos procedimientos legales.
Además, la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas ha lanzado un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por esta decisión judicial. Argumentan que la orden desprotege al menor al ignorar el proceso penal en Italia, donde Arcuri enfrenta denuncias por maltrato, pues un juicio por presunto maltrato está programado para el 18 de septiembre. La ministra Redondo ha calificado la resolución de "incomprensible" y sostiene que no se considera el interés superior del menor, resaltando la importancia de un sistema judicial sensible a los testimonios de los menores en casos de violencia de género.
Una recogida de firmas ha comenzado, superando las 1,300 rúbricas, con el objetivo de que la justicia escuche los temores de Daniel antes de que regrese a Italia. Ambas partes sostienen que la situación de Daniel no es solo una disputa de custodia, sino que afecta su seguridad y bienestar emocional, haciendo llamados a la conciencia social para que esta cuestión se vea no solo en términos legales, sino como una cuestión de supervivencia para un niño que teme regresar con quien considera un agresor.
A medida que se acerca la fecha límite para la entrega del menor, la reacción social y política se intensifica.
En respuesta a esta controvertida decisión, Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que "ponga en marcha todas las herramientas a su alcance" para garantizar que Daniel permanezca en España, a pesar de la orden judicial de regreso a Italia. A través de una carta, el menor ha expresado su profundo temor por su seguridad, mencionando haber sufrido violencia en Italia, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para que reconsideren la situación.
Rego ha enfatizado la urgencia de escuchar al menor antes de su posible entrega, indicando que cualquier medida que ignore sus temores podría vulnerar su derecho a ser oído. La carta de Daniel ha provocado una ola de solidaridad y ha llevado a la ministra a reiterar que los niños deben ser escuchados en estos procedimientos legales.
Además, la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas ha lanzado un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por esta decisión judicial. Argumentan que la orden desprotege al menor al ignorar el proceso penal en Italia, donde Arcuri enfrenta denuncias por maltrato, pues un juicio por presunto maltrato está programado para el 18 de septiembre. La ministra Redondo ha calificado la resolución de "incomprensible" y sostiene que no se considera el interés superior del menor, resaltando la importancia de un sistema judicial sensible a los testimonios de los menores en casos de violencia de género.
Una recogida de firmas ha comenzado, superando las 1,300 rúbricas, con el objetivo de que la justicia escuche los temores de Daniel antes de que regrese a Italia. Ambas partes sostienen que la situación de Daniel no es solo una disputa de custodia, sino que afecta su seguridad y bienestar emocional, haciendo llamados a la conciencia social para que esta cuestión se vea no solo en términos legales, sino como una cuestión de supervivencia para un niño que teme regresar con quien considera un agresor.
A medida que se acerca la fecha límite para la entrega del menor, la reacción social y política se intensifica.