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La cúpula de la CCMA será investigada por malversación y sobresueldos en un escándalo que abarca desde 2015 hasta 2021
La Sindicatura de Comptes informa que no hay indicios de delito, mientras que la jueza cita a declarar a nueve directivos para el próximo año.
Publicado: 31 de octubre de 2025, 08:01
La jueza del juzgado de instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha decidido citar a declarar, entre abril y mayo de 2026, a un grupo de directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ante el inicio de una investigación por supuestos delitos de malversación y prevaricación relacionados con los salarios de sus miembros, derivada de una denuncia de la Sociedad Civil Catalana (SCC) apoyada por un informe de la Sindicatura de Comptes.
La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, y otros altos directivos enfrentan este proceso judicial a pesar de que el informe de la Sindicatura de Comptes concluyó que no existían evidencias claras de responsabilidades penales. Sin embargo, la magistrada ha exigido información adicional sobre contratos y nóminas, y ha indicado que algunos salarios superaron los límites legales, lo que agrava la situación.
La CCMA defiende que la nueva dirección ha corregido las irregularidades y considera que la denuncia podría ser parte de una estrategia para desacreditar a los medios públicos. Este caso pone en el centro del debate la gestión de los medios públicos catalanes y la necesidad de claridad en la relación entre los pagos realizados y las normativas vigentes.
La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, y otros altos directivos enfrentan este proceso judicial a pesar de que el informe de la Sindicatura de Comptes concluyó que no existían evidencias claras de responsabilidades penales. Sin embargo, la magistrada ha exigido información adicional sobre contratos y nóminas, y ha indicado que algunos salarios superaron los límites legales, lo que agrava la situación.
La CCMA defiende que la nueva dirección ha corregido las irregularidades y considera que la denuncia podría ser parte de una estrategia para desacreditar a los medios públicos. Este caso pone en el centro del debate la gestión de los medios públicos catalanes y la necesidad de claridad en la relación entre los pagos realizados y las normativas vigentes.