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La crisis migratoria y el desafío político en España: la lucha por los presupuestos y la gestión de menores en Canarias

La situación de los menores inmigrantes no acompañados complica la estabilidad del Gobierno y devuelve a la agenda política la necesidad de acuerdos.

Publicado: 31 de agosto de 2025, 11:42

La crisis migratoria en España, especialmente en Canarias, ha tomado un papel central en la política actual, con 5.080 menores inmigrantes no acompañados en situación de hacinamiento. Fernando Clavijo ha criticado la falta de apoyo del Gobierno en esta crisis, lo que afecta la gestión de los menores y la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Un reciente correo interno de la directora general de Infancia de Canarias revela las grietas en el sistema de protección, donde se admite que la comprensión de la fiscalía ha permitido la operación de 86 centros de acogida a pesar de las deficientes condiciones de algunos de ellos. La presidenta de Madrid ha arremetido contra la administración por aumentar la llegada de adolescentes sin un plan claro, generando una narrativa de conflicto.

El ministro Óscar Puente ha defendido que, a pesar de los rumores de elecciones anticipadas, Sánchez busca cumplir su mandato. Además, el Gobierno ha enfrentado críticas por sus decisiones en cuanto al cierre de centros de acogida y la gestión de recursos para los migrantes, destacando el conflicto en Pozuelo de Alarcón, donde el PP busca impedir la acogida de menores migrantes no acompañados en un centro que ha sido objeto de controversia. Las tensiones políticas crecen con la presentación de presupuestos para 2026, los cuales son vistos como cruciales para afrontar la crisis migratoria. Sin embargo, las críticas y cuestionamientos sobre la gestión de los menores están deteriorando las relaciones con socios políticos.

Se demanda un diálogo urgente entre comunidades y el Gobierno, ya que la crisis migratoria impacta no solo a Canarias sino a toda España, poniendo a prueba la capacidad de gobernanza del actual ejecutivo, lo que genera un clima de incertidumbre en torno a futuros acuerdos y acciones. Los recientes informes sobre supuestos malos tratos en la ONG Quorum 77 y la precariedad de los centros de menores acentúan la presión sobre el Gobierno canario, que ha tenido que lidiar con una red de acogida sobrepasada por la llegada constante de menores migrantes.