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La crisis humanitaria en Badalona tras el desalojo del B9 genera tensiones y movilizaciones sociales
El desalojo de más de 400 migrantes del antiguo Instituto B9 ha desatado protestas y reacciones políticas en Badalona.
Publicado: 2 de enero de 2026, 21:27
En Badalona, el desalojo del antiguo Instituto B9, que albergaba a más de 400 migrantes, ha desencadenado una crisis humanitaria y sociales tensiones significativas. La operación, llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra el 17 de diciembre de 2025, fue solicitada por el alcalde Xavier García Albiol y se realizó bajo la premisa de recuperar el inmueble para su futura demolición, pero sin alternativas habitacionales adecuadas, lo que ha generado una fuerte indignación entre organizaciones sociales y la comunidad.
Las personas desalojadas han quedado en la calle, durmiendo bajo un puente o en otros lugares informales. Diversas entidades sociales, como Cruz Roja, han intentado brindar refugio temporal, aunque muchos se niegan a aceptar estas alternativas. La respuesta comunitaria ha sido polarizada, con manifestaciones a favor de los migrantes y protestas en contra, marcadas por un ambiente de tensión y discursos racistas.
La administración local ha sido criticada por su inacción y el discurso del alcalde ha creado un clima de hostilidad, llevando a una denuncia formal por posibles delitos de odio. Este caso refleja un dilema mayor en la sociedad española sobre derechos humanos y políticas de inmigración, mostrando el desafío de equilibrar estos intereses.
Las personas desalojadas han quedado en la calle, durmiendo bajo un puente o en otros lugares informales. Diversas entidades sociales, como Cruz Roja, han intentado brindar refugio temporal, aunque muchos se niegan a aceptar estas alternativas. La respuesta comunitaria ha sido polarizada, con manifestaciones a favor de los migrantes y protestas en contra, marcadas por un ambiente de tensión y discursos racistas.
La administración local ha sido criticada por su inacción y el discurso del alcalde ha creado un clima de hostilidad, llevando a una denuncia formal por posibles delitos de odio. Este caso refleja un dilema mayor en la sociedad española sobre derechos humanos y políticas de inmigración, mostrando el desafío de equilibrar estos intereses.