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La crisis del desalojo del B9 en Badalona desata protestas y denuncias por discriminación
La respuesta de la comunidad se intensifica ante la gestión del alcalde Albiol y la falta de alternativas habitacionales.
Publicado: 11 de enero de 2026, 01:18
En Badalona, la situación creada tras el desalojo del antiguo instituto B9 ha desencadenado múltiples reacciones a nivel social y político. Desde el 17 de diciembre, cuando más de 400 personas migrantes fueron desalojadas, se ha generado una crisis humanitaria que ha puesto de manifiesto la falta de alternativas habitacionales por parte del Ayuntamiento, lo que ha llevado a la oposición política a presionar al alcalde Xavier García Albiol para activar la 'Operación Invierno'.
El desalojo ha provocado manifestaciones en apoyo a los afectados, evidenciando el conflicto entre dos visiones de la comunidad, lo que ha requerido la presencia policial para mantener el orden. Además, diversas organizaciones han llevado la problemática ante la Fiscalía, acusando al alcalde de odio y discriminación, argumentando que la falta de alojamiento alternativo cumple con la definición de discriminación bajo derecho internacional, mientras que relatores de la ONU han expresado su preocupación respecto a la posible violación de derechos humanos básicos.
La cobertura de la crisis del B9 no solo se limita a lo local, sino que también ha atraído atención internacional, revelando una problemática sobre cómo se gestionan las necesidades de vivienda y asistencia social en un contexto de vulneración de derechos de migrantes. Este conflicto sigue evolucionando, poniendo de manifiesto las tensiones actuales en torno a las políticas de inmigración y derechos humanos en España.
El desalojo ha provocado manifestaciones en apoyo a los afectados, evidenciando el conflicto entre dos visiones de la comunidad, lo que ha requerido la presencia policial para mantener el orden. Además, diversas organizaciones han llevado la problemática ante la Fiscalía, acusando al alcalde de odio y discriminación, argumentando que la falta de alojamiento alternativo cumple con la definición de discriminación bajo derecho internacional, mientras que relatores de la ONU han expresado su preocupación respecto a la posible violación de derechos humanos básicos.
La cobertura de la crisis del B9 no solo se limita a lo local, sino que también ha atraído atención internacional, revelando una problemática sobre cómo se gestionan las necesidades de vivienda y asistencia social en un contexto de vulneración de derechos de migrantes. Este conflicto sigue evolucionando, poniendo de manifiesto las tensiones actuales en torno a las políticas de inmigración y derechos humanos en España.