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La crisis de Rodalies en Cataluña intensifica la presión política sobre la consellera Paneque y el ministro Puente tras un accidente ferroviario
Junts y ERC exigen dimisiones y mejoras en la gestión ferroviaria, en medio de un contexto de movilizaciones por el deterioro de los servicios públicos.
Publicado: 27 de enero de 2026, 12:25
La crisis de Rodalies en Cataluña ha desatado un enfrentamiento político intenso, con peticiones de dimisiones hacia la consellera Sílvia Paneque y el ministro Óscar Puente, tras un accidente ocurrido en Gelida que dejó un muerto y varios heridos. Junts ha sido particularmente enfático en solicitar dimisiones, acusando a ambos de incompetencia. Por su parte, ERC, aunque también exige dimisiones, busca desvincular esta demanda de las negociaciones de presupuestos y se muestra abierta al diálogo para mejorar la infraestructura ferroviaria.
A medida que la presión política aumenta, partidos de la oposición como el Partido Popular y Vox también se han unido a las exigencias de dimisiones, señalando que la falta de inversión y buena gestión es resultado de años de gobierno socialista. En un contexto más amplio, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero, en respuesta a la tragedia reciente que ha dejado al menos 46 muertos en los accidentes de tren de Adamuz y Gelida. Esta huelga busca reclamar mejoras en la seguridad del sistema ferroviario y la responsabilidad penal para quienes deben garantizarla.
Las tensiones se intensifican con protestas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana, reflejando el deterioro de los servicios públicos y las divisiones dentro del independentismo catalán. Semaf ha denunciado el "deterioro constante" del ferrocarril, exigiendo que se prioricen las reparaciones y mejoras esenciales en las infraestructuras. Su secretario general ha afirmado que no reanudarán los servicios hasta que existan garantías de seguridad adecuadas. El panorama político se encuentra en una encrucijada, con evidentes diferencias entre ERC y Junts sobre cómo abordar la crisis, pero un consenso general sobre la necesidad de cambios en la gestión pública y la urgencia de revivir la inversión en el sector ferroviario.
A medida que la presión política aumenta, partidos de la oposición como el Partido Popular y Vox también se han unido a las exigencias de dimisiones, señalando que la falta de inversión y buena gestión es resultado de años de gobierno socialista. En un contexto más amplio, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero, en respuesta a la tragedia reciente que ha dejado al menos 46 muertos en los accidentes de tren de Adamuz y Gelida. Esta huelga busca reclamar mejoras en la seguridad del sistema ferroviario y la responsabilidad penal para quienes deben garantizarla.
Las tensiones se intensifican con protestas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana, reflejando el deterioro de los servicios públicos y las divisiones dentro del independentismo catalán. Semaf ha denunciado el "deterioro constante" del ferrocarril, exigiendo que se prioricen las reparaciones y mejoras esenciales en las infraestructuras. Su secretario general ha afirmado que no reanudarán los servicios hasta que existan garantías de seguridad adecuadas. El panorama político se encuentra en una encrucijada, con evidentes diferencias entre ERC y Junts sobre cómo abordar la crisis, pero un consenso general sobre la necesidad de cambios en la gestión pública y la urgencia de revivir la inversión en el sector ferroviario.