Progresista 92.5%Conservador 7.5%

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía moviliza a políticos y asociaciones en defensa de la sanidad pública.

La falta de información y el vandalismo en la sede de Amama evidencian el descontento por la situación del sistema sanitario andaluz.

Publicado: 19 de octubre de 2025, 18:39

En las últimas semanas, Andalucía ha enfrentado una creciente preocupación por los fallos en los cribados de cáncer de mama, que actualmente han afectado a al menos 2.000 mujeres. Este problema ha saltado a la luz pública en medio de acusaciones políticas y reclamaciones por parte de asociaciones afectadas, generando indignación en la comunidad. Este descontento se ha visto reflejado en encuestas recientes donde cerca del 50% de los andaluces consideran que la situación política es "mala" o "muy mala" y un 75% cree que el contexto sanitario no mejorará en el próximo año.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla por la falta de transparencia en las listas de espera y ha señalado que su administración es responsable de la crisis del sistema sanitario. Por su parte, Mónica García, ministra de Sanidad, ha afirmado que el Gobierno de España no ha recibido información sobre los fallos, sugiriendo un problema estructural que socava la confianza en el sistema sanitario. A pesar de esta crítica, las encuestas más recientes evidencian que las preocupaciones ciudadanas sobre el sistema de salud no son abordadas adecuadamente por los políticos.

La asociación de mujeres afectadas, Amama, ha denunciado actos vandálicos en su sede en Sevilla y ha convocado una concentración para exigir una investigación sobre el sistema de detección y un aumento en el presupuesto de sanidad pública. La crisis en los cribados no solo plantea la salud de miles de mujeres andaluzas en juego, sino también la confianza en un sistema que debe atender a los ciudadanos adecuadamente. Por otro lado, el debate sobre el aborto en Andalucía avanza con el propósito del Ministerio de Igualdad de incorporar su protección en la Constitución, lo que ha llevado a múltiples reacciones y preocupaciones respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de salud reproductiva en la región.