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La crisis de las pulseras telemáticas: Ana Redondo enfrenta críticas por contradicciones en sus declaraciones sobre seguridad
La ministra de Igualdad defiende el funcionamiento de las pulseras antimaltrato, pero informes contradicen sus afirmaciones.
Publicado: 26 de septiembre de 2025, 06:58
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha generado controversia por sus declaraciones sobre las pulseras telemáticas implementadas como medida de protección para víctimas de violencia de género. Tras la publicación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, que documenta serios fallos en el funcionamiento de estos dispositivos, Redondo ha enfrentado críticas y contradicciones evidentes en su discurso.
Según la memoria de la Fiscalía, las pulseras antimaltrato han fallado en repetidas ocasiones, permitiendo que algunos agresores desconecten los dispositivos sin que se emitan alertas. Este hecho ha llevado a que varias mujeres manifestaran su desconfianza en estos sistemas, incluso devolviendo los dispositivos. La ministra ha insistido en que estos productos han funcionado "en todo momento", desestimando los informes judiciales que sugieren lo contrario y señalando que podrían haber ocurrido "problemas de conectividad". Sin embargo, nuevos informes indican que la ministra ha incurrido en varias afirmaciones sin pruebas al respecto, mientras que expedientes judiciales y testimonios de mujeres contradicen su versión y evidencian fallos críticos. Las críticas hacia el Ministerio de Igualdad se han intensificado ante la falta de transparencia y la incapacidad de proporcionar datos concretos sobre los fallos.
Recientemente, se reveló que, a pesar de las afirmaciones de Redondo, la Fiscalía y el CGPJ han denunciado errores en el funcionamiento de estos dispositivos desde 2018, y que hasta la fecha, ninguna de las mujeres asesinadas había portado un dispositivo de control. Además, en recientes declaraciones, la ministra ha minimizado la situación al afirmar que algunas instituciones judiciales que notificaron fallos habían tenido que "rectificar", lo cual, según expertos, es engañoso, ya que no se han encontrado pruebas de tales rectificaciones. La Fiscalia ha matizado que, aunque los problemas fueron reconocidos, se aseguraron de que las víctimas estuvieran protegidas en todo momento. Ambas versiones de los hechos presentan un panorama de falta de claridad en la narrativa oficial y un sistema de protección que necesita urgentemente evaluación y mejoras. La labor del Ministerio de Igualdad se encuentra bajo el foco debido a la aparente desconexión entre las afirmaciones públicas y la realidad judicial. Además, de acuerdo con declaraciones recientes, se ha indicado que durante la migración de datos entre compañías, hubo información que no estuvo accesible para los juzgados, lo que ha generado aún más desconfianza en la efectividad del programa.
Según la memoria de la Fiscalía, las pulseras antimaltrato han fallado en repetidas ocasiones, permitiendo que algunos agresores desconecten los dispositivos sin que se emitan alertas. Este hecho ha llevado a que varias mujeres manifestaran su desconfianza en estos sistemas, incluso devolviendo los dispositivos. La ministra ha insistido en que estos productos han funcionado "en todo momento", desestimando los informes judiciales que sugieren lo contrario y señalando que podrían haber ocurrido "problemas de conectividad". Sin embargo, nuevos informes indican que la ministra ha incurrido en varias afirmaciones sin pruebas al respecto, mientras que expedientes judiciales y testimonios de mujeres contradicen su versión y evidencian fallos críticos. Las críticas hacia el Ministerio de Igualdad se han intensificado ante la falta de transparencia y la incapacidad de proporcionar datos concretos sobre los fallos.
Recientemente, se reveló que, a pesar de las afirmaciones de Redondo, la Fiscalía y el CGPJ han denunciado errores en el funcionamiento de estos dispositivos desde 2018, y que hasta la fecha, ninguna de las mujeres asesinadas había portado un dispositivo de control. Además, en recientes declaraciones, la ministra ha minimizado la situación al afirmar que algunas instituciones judiciales que notificaron fallos habían tenido que "rectificar", lo cual, según expertos, es engañoso, ya que no se han encontrado pruebas de tales rectificaciones. La Fiscalia ha matizado que, aunque los problemas fueron reconocidos, se aseguraron de que las víctimas estuvieran protegidas en todo momento. Ambas versiones de los hechos presentan un panorama de falta de claridad en la narrativa oficial y un sistema de protección que necesita urgentemente evaluación y mejoras. La labor del Ministerio de Igualdad se encuentra bajo el foco debido a la aparente desconexión entre las afirmaciones públicas y la realidad judicial. Además, de acuerdo con declaraciones recientes, se ha indicado que durante la migración de datos entre compañías, hubo información que no estuvo accesible para los juzgados, lo que ha generado aún más desconfianza en la efectividad del programa.