Progresista 89.1%Conservador 10.9%
La crisis de la vivienda en España: sanciones a Airbnb, dificultades de los inquilinos y medidas gubernamentales en un contexto complicado.
El gobierno implementa nuevas normativas mientras se enfrenta a una alta escalada de precios y problemas derivados de la okupación.
Publicado: 28 de enero de 2026, 22:07
En la actual crisis de la vivienda en España, diversas noticias revelan un panorama complejo marcado por sanciones, dificultades para inquilinos y la respuesta del gobierno ante un mercado inmobiliario asfixiante. Recientemente, el Ministerio de Consumo impuso una multa récord de 64 millones de euros a Airbnb por la publicación de más de 65,000 anuncios ilegales de apartamentos turísticos que carecían de licencia. El Ministro de Consumo insistió en la importancia de que 'ningún actor económico puede eludir sus obligaciones', en un contexto donde muchas familias enfrentan problemas de vivienda asequible.
Por otro lado, la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios ha denunciado que muchos de estos profesionales sufren salarios por debajo del mínimo, lo que complica aún más la situación del mercado inmobiliario. Además, se destaca que el precio de la vivienda ha aumentado un 13% en 2025, dificultando el acceso a la propiedad para muchos ciudadanos. La situación ha generado una huelga de tasadores que exige mejores condiciones laborales y una regulación que defienda sus derechos.
En paralelo, el gobierno está considerando medidas adicionales para controlar el mercado de alquiler, incluyendo sanciones para las plataformas que publiquen anuncios por encima de los límites legales. Con el nuevo decreto ley, se busca establecer prácticas más justas y brindar a los inquilinos la protección necesaria contra incrementos abusivos en los precios de alquiler.
Por otro lado, la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios ha denunciado que muchos de estos profesionales sufren salarios por debajo del mínimo, lo que complica aún más la situación del mercado inmobiliario. Además, se destaca que el precio de la vivienda ha aumentado un 13% en 2025, dificultando el acceso a la propiedad para muchos ciudadanos. La situación ha generado una huelga de tasadores que exige mejores condiciones laborales y una regulación que defienda sus derechos.
En paralelo, el gobierno está considerando medidas adicionales para controlar el mercado de alquiler, incluyendo sanciones para las plataformas que publiquen anuncios por encima de los límites legales. Con el nuevo decreto ley, se busca establecer prácticas más justas y brindar a los inquilinos la protección necesaria contra incrementos abusivos en los precios de alquiler.