Progresista 51.5%Conservador 48.5%
La creciente preocupación por la deuda: impacto en países en desarrollo y en España
Un análisis de la deuda externa global y la deuda pública de España revela riesgos alarmantes para el bienestar social.
Publicado: 5 de julio de 2025, 11:47
La deuda se ha convertido en un tema central en la economía global, afectando tanto a países en desarrollo como a naciones más consolidadas como España. En el caso de los países más pobres, la deuda externa representa un grave obstáculo para el desarrollo, afectando recursos vitales como la sanidad y la educación. Más de 60 países dedican más recursos a pagar la deuda externa que a financiar sus sistemas de salud y educación, generando una situación crítica que se asemeja a un nuevo colonialismo.
Por otro lado, España enfrenta una situación alarmante respecto a su deuda pública, con proyecciones que advierten sobre la posibilidad de que alcance el 181% del PIB para el año 2070. Sin medidas adecuadas, esta situación resultaría en recortes en áreas esenciales como pensiones, sanidad y educación, lo cual afectaría gravemente al estado del bienestar. A pesar de una mejora temporal en la deuda respecto al PIB, la falta de una estrategia fiscal sostenible puede llevar a una crisis fiscal grave en el futuro. Además, los precios de la vivienda en España han subido un 12,3% interanual en el primer trimestre de 2025, lo que intensifica la presión sobre los hogares para pagar rentas y hipotecas, haciendo que la deuda personal también se vea afectada. Las cifras colocan a España como el país con uno de los mayores incrementos en el Índice de Precios de la Vivienda en Europa, lo que repercute directamente en la economía familiar y en la capacidad de inversión de estos hogares.
Ambos escenarios revelan la necesidad urgente de implementar reformas que prioricen el desarrollo y bienestar social sobre las obligaciones financieras. Así, el encarecimiento de los inmuebles no solo afecta el bienestar individual, sino que también tiene repercusiones sobre la productividad empresarial en España, limitando su capacidad de acceso al crédito y, por ende, afectando el crecimiento económico en su conjunto. La acumulación de deuda impacta no solo en la estabilidad económica, sino también en la capacidad de los países para invertir en el bienestar de sus ciudadanos. Las políticas públicas deberían enfocarse en aumentar la oferta de vivienda asequible, garantizando así un acceso equitativo al mercado inmobiliario y un futuro más estable para la población más vulnerable.
Por otro lado, España enfrenta una situación alarmante respecto a su deuda pública, con proyecciones que advierten sobre la posibilidad de que alcance el 181% del PIB para el año 2070. Sin medidas adecuadas, esta situación resultaría en recortes en áreas esenciales como pensiones, sanidad y educación, lo cual afectaría gravemente al estado del bienestar. A pesar de una mejora temporal en la deuda respecto al PIB, la falta de una estrategia fiscal sostenible puede llevar a una crisis fiscal grave en el futuro. Además, los precios de la vivienda en España han subido un 12,3% interanual en el primer trimestre de 2025, lo que intensifica la presión sobre los hogares para pagar rentas y hipotecas, haciendo que la deuda personal también se vea afectada. Las cifras colocan a España como el país con uno de los mayores incrementos en el Índice de Precios de la Vivienda en Europa, lo que repercute directamente en la economía familiar y en la capacidad de inversión de estos hogares.
Ambos escenarios revelan la necesidad urgente de implementar reformas que prioricen el desarrollo y bienestar social sobre las obligaciones financieras. Así, el encarecimiento de los inmuebles no solo afecta el bienestar individual, sino que también tiene repercusiones sobre la productividad empresarial en España, limitando su capacidad de acceso al crédito y, por ende, afectando el crecimiento económico en su conjunto. La acumulación de deuda impacta no solo en la estabilidad económica, sino también en la capacidad de los países para invertir en el bienestar de sus ciudadanos. Las políticas públicas deberían enfocarse en aumentar la oferta de vivienda asequible, garantizando así un acceso equitativo al mercado inmobiliario y un futuro más estable para la población más vulnerable.