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La Corte Suprema de Argentina ratifica la condena a prisión de Cristina Fernández en el marco de la 'causa Vialidad'
La expresidenta enfrenta seis años de cárcel por irregularidades en la administración de obras viales, con un contexto judicial controvertido.
Publicado: 13 de junio de 2025, 04:35
La Corte Suprema de Argentina ha ratificado la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, convirtiéndola en la primera expresidenta en el país con un fallo firme por corrupción. Esta decisión se produce dentro del marco de un proceso judicial conocido como la 'causa Vialidad', que investiga irregularidades en la concesión de 51 obras viales a favor del empresario Lázaro Báez durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015.
La controversia en torno a esta condena ha estado marcada por acusaciones de parcialidad en el proceso judicial. Varios juristas, incluida Graciana Peñafort, abogado de la expresidenta, han señalado que el proceso judicial se llevó a cabo sin pruebas suficientes y sugieren que las decisiones del tribunal estuvieron influenciadas por vínculos entre los acusadores y el gobierno anterior de Mauricio Macri. Cristina Fernández ha manifestado su intención de cumplir su condena de manera domiciliaria, debido a su edad avanzada, superando los 70 años.
Fernández ha anunciado que se presentará ante la Justicia el próximo 18 de junio para comenzar a cumplir su condena, como ha confirmado en sus redes sociales. Asimismo, ha argumentado que su solicitud de prisión domiciliaria obedece a estrictas razones de seguridad personal, recordando que ha sido víctima de un intento de magnicidio en septiembre de 2023. La ratificación de esta condena afecta su futuro político, impidiéndole postularse a cargos públicos, como sería su intención de presentarse en las elecciones de diputada provincial previstas para septiembre de 2025. Desde la ratificación de la sentencia, se han llevado a cabo manifestaciones en apoyo a Fernández, amenazando con una creciente tensión en el clima político del país. Sin embargo, el gobierno actual y figuras del macrismo han celebrado la decisión de la Corte, lo que ha intensificado el debate político en el país. La oposición, por su parte, ha denunciado la condena como un acto de 'lawfare', asegurando que su objetivo es despojar a la expresidenta de su relevancia política en un momento crítico para el peronismo. Las protestas en contra de la decisión judicial han incluido cortes de tránsito y acampadas en las cercanías de la Corte Suprema, donde grupos de militantes se agrupan para mostrar su apoyo a la líder peronista.
La controversia en torno a esta condena ha estado marcada por acusaciones de parcialidad en el proceso judicial. Varios juristas, incluida Graciana Peñafort, abogado de la expresidenta, han señalado que el proceso judicial se llevó a cabo sin pruebas suficientes y sugieren que las decisiones del tribunal estuvieron influenciadas por vínculos entre los acusadores y el gobierno anterior de Mauricio Macri. Cristina Fernández ha manifestado su intención de cumplir su condena de manera domiciliaria, debido a su edad avanzada, superando los 70 años.
Fernández ha anunciado que se presentará ante la Justicia el próximo 18 de junio para comenzar a cumplir su condena, como ha confirmado en sus redes sociales. Asimismo, ha argumentado que su solicitud de prisión domiciliaria obedece a estrictas razones de seguridad personal, recordando que ha sido víctima de un intento de magnicidio en septiembre de 2023. La ratificación de esta condena afecta su futuro político, impidiéndole postularse a cargos públicos, como sería su intención de presentarse en las elecciones de diputada provincial previstas para septiembre de 2025. Desde la ratificación de la sentencia, se han llevado a cabo manifestaciones en apoyo a Fernández, amenazando con una creciente tensión en el clima político del país. Sin embargo, el gobierno actual y figuras del macrismo han celebrado la decisión de la Corte, lo que ha intensificado el debate político en el país. La oposición, por su parte, ha denunciado la condena como un acto de 'lawfare', asegurando que su objetivo es despojar a la expresidenta de su relevancia política en un momento crítico para el peronismo. Las protestas en contra de la decisión judicial han incluido cortes de tránsito y acampadas en las cercanías de la Corte Suprema, donde grupos de militantes se agrupan para mostrar su apoyo a la líder peronista.