InternacionalContrastada con 11 fuentes
Progresista 53.8%Conservador 46.2%
La COP31 abre en Turquía con la electrificación y la financiación en debate
La cumbre propone alcanzar un 35% de consumo eléctrico en 2035, mientras los países vulnerables reclaman más recursos para afrontar el calentamiento.
Publicado: 9 de noviembre de 2026, 07:39 · actualizado: 9 de noviembre de 2026, 16:23
La cumbre del clima de la ONU, la COP31, comienza este lunes en Antalya, Turquía, con el objetivo de convertir los compromisos climáticos existentes en medidas concretas. Hasta el 20 de noviembre reunirá a representantes de casi 200 países en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, encarecimiento de la energía y desacuerdos sobre el abandono de los combustibles fósiles y la financiación climática.
En la apertura, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, pidió transformar los compromisos de anteriores cumbres en resultados tangibles y advirtió de que los avances no son suficientemente rápidos ni justos.
Turquía ejerce la presidencia formal de la conferencia y Australia dirige las negociaciones, una fórmula acordada después de que ambos países compitieran por acogerla. Esta semana ministerial, representantes de medio ambiente, clima y otras áreas de los países participantes se reúnen para cerrar acuerdos y tomar decisiones. Las decisiones oficiales requieren el consenso de los participantes.
El ministro australiano de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, dirige las negociaciones formales y ha designado a diez facilitadores en cinco parejas para buscar consensos sobre mitigación, adaptación, financiación, transición justa y protección de los océanos. Los ministros Bhupender Yadav, de India, y Carsten Schneider, de Alemania, trabajarán sobre la reducción de emisiones. Australia también quiere dar protagonismo a las demandas de los pequeños Estados insulares del Pacífico, vulnerables a la subida del nivel del mar.
La agenda reúne cerca de un centenar de puntos y prevé jornadas dedicadas, entre otros asuntos, a alimentación, agricultura y salud; energía y transporte; residuos; ciudades resilientes; finanzas y comercio; infancia y educación; ciencia, industria y tecnología; océanos y naturaleza; y desarrollo humano y social. El 19 de noviembre se centrará en la aplicación de la acción climática y el 20, en las negociaciones finales.
Una de las propuestas centrales de los anfitriones es elevar al 35% en 2035 la proporción del consumo energético mundial cubierta por electricidad, frente a alrededor del 20% actual. La iniciativa busca extender la electrificación a sectores como el transporte, la industria y la calefacción. Está por ver si la meta se incorpora al acuerdo de toda la cumbre o queda como un compromiso voluntario de un grupo de países.
La propuesta no especifica que la electricidad deba proceder de fuentes renovables. La Unión Europea reclama que sea limpia. Ecologistas en Acción advierte además de que el aumento de la electricidad no garantiza por sí solo la sustitución del carbón, el petróleo y el gas ni una transición justa. Greenpeace plantea que la UE eleve su propia meta al 50% en 2035; en España, la electrificación ronda el 22% y el plan energético vigente fija un 48% para 2030.
España, cuya posición negociadora se encuadra en la de la UE, defiende también la electrificación, el multilateralismo, la ciencia, las renovables, la transición justa y la adaptación. El Gobierno español busca que la electrificación se base en energías renovables. La UE fijó su posición para la cumbre el 12 de octubre, con prioridad para la transición energética, la reducción de emisiones y la adaptación. Entre sus objetivos están exigir la presentación de los planes climáticos pendientes, mantener el compromiso de triplicar la capacidad mundial de energías renovables y duplicar las mejoras de eficiencia energética.
La presidencia turca también busca acuerdos sobre edificios energéticamente eficientes y ciudades resilientes. Su agenda de acción paralela aborda asuntos como los residuos y la inteligencia artificial mediante compromisos voluntarios. Turquía plantea reducir a la mitad el crecimiento previsto de la generación de residuos para 2035 e impulsar iniciativas sobre industrialización verde, educación climática, seguridad alimentaria, protección de los océanos, resiliencia sanitaria y desertificación. También propone una plataforma para conectar los compromisos climáticos nacionales con asistencia técnica, inversión y proyectos que puedan obtener financiación. Greenpeace quiere aprovechar el debate sobre residuos para impulsar la reducción de plásticos, con la vista puesta en un acuerdo mundial contra este tipo de contaminación que, en principio, debería cerrarse en marzo de 2027. La primera dama turca, Emine Erdoğan, ha anunciado que promoverá iniciativas de residuo cero.
Analistas y organizaciones ecologistas advierten de que las iniciativas voluntarias no siempre cuentan con mecanismos de seguimiento y no ofrecen las mismas garantías de cumplimiento que los acuerdos multilaterales.
**Combustibles fósiles y financiación**
En la COP28 de Dubái, en 2023, los países acordaron avanzar en una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, pero las cumbres posteriores no concretaron cómo hacerlo. Brasil, anfitrión de la COP30 de Belém, ha presentado una hoja de ruta voluntaria que no forma parte de las negociaciones oficiales ni está prevista para el acuerdo final de Antalya.
El documento ofrece medidas adaptables a cada país, sin plazos ni hitos obligatorios. Entre ellas figuran la reducción de subvenciones a los combustibles fósiles, el impulso a las renovables y la disminución de la quema y liberación de gas en las instalaciones de extracción. Se complementa con otra hoja de ruta sobre la deforestación hasta 2030. Se prevé que unos 60 gobiernos se adhieran a la iniciativa sobre combustibles fósiles, sin incluir a los grandes productores.
España, Colombia y Brasil impulsaron además una alianza para el abandono de estas fuentes de energía, que celebró una reunión en Santa Marta en abril. Varios países, entre ellos Francia, Alemania y Países Bajos, han elaborado planes nacionales.
En Antalya también está prevista la renovación del mandato del programa de trabajo sobre mitigación, destinado a reforzar la ambición y aplicación de medidas durante esta década. Según Ecologistas en Acción, si no se renueva, no habrá un espacio formal para tratar la mitigación en la COP32 de Addis Abeba.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife reclaman una reducción más rápida de las emisiones, más financiación y el abandono de los combustibles fósiles. Las organizaciones advierten de que las medidas actuales son insuficientes, aunque reconocen que algunos países avanzan. Greenpeace alerta del riesgo de que la cumbre sea otra oportunidad perdida tras los bloqueos en la COP30 sobre las hojas de ruta de combustibles fósiles y deforestación. Ecologistas en Acción pide además triplicar los recursos para adaptación de aquí a 2035 y establecer mecanismos de transición justa que ayuden a los países más vulnerables.
La financiación volverá a enfrentar a los países industrializados con los más vulnerables, que reclaman recursos accesibles y previsibles para reducir emisiones, adaptarse y afrontar los daños de los desastres. En la COP29 de Bakú se fijó la meta de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 hacia los países en desarrollo, junto a una aspiración de alcanzar 1,3 billones al año con fondos públicos, privados y otras fuentes. Siguen las diferencias sobre quién debe aportar el dinero y cuánto llegará como subvenciones o préstamos.
La UE ha advertido de que no asumirá nuevos compromisos financieros en esta cumbre y defiende cumplir los existentes y mejorar el acceso a los fondos. Bruselas sostiene que otros grandes emisores no están correspondiendo con compromisos suficientemente ambiciosos. En 2025, la UE y sus Estados miembros aportaron 32.300 millones de euros de financiación pública y movilizaron otros 9.300 millones de financiación privada.
El programa oficial prevé una señal para triplicar la financiación específica para la adaptación de aquí a 2035. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países del Sur necesitarán entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales para ese fin en 2035, frente a los 26.000 millones de financiación pública internacional registrados en 2023. Para diciembre se espera el primer desembolso del fondo de pérdidas y daños.
Otra negociación pendiente es el desarrollo del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, creado en la COP30 para facilitar financiación y transferencia tecnológica a los países con menos recursos y evitar que la descarbonización recaiga sobre trabajadores y comunidades vulnerables. Sus funciones y características quedaron pendientes de concretar. Algunos países, como India, también quieren debatir medidas comerciales como el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera.
**El límite de 1,5 grados y las delegaciones**
La cumbre llega después de que la ONU advirtiera de que el planeta superará el umbral de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales recogido en el Acuerdo de París de 2015. Con las políticas actuales, sus proyecciones apuntan a unos 2,8 grados de calentamiento a finales de siglo; los planes de reducción de emisiones presentados por los países rebajarían esa previsión unas dos décimas.
La Alianza de Pequeños Estados Insulares, que agrupa a 39 países, pide no abandonar la meta de 1,5 grados. Las negociaciones se centran también en cómo limitar la magnitud y la duración de su superación y reforzar la adaptación a los fenómenos extremos. Varios países productores de petróleo y otros afines plantean reticencias a las referencias al límite de 1,5 grados y buscan aplazar la publicación de nuevos informes del panel de expertos IPCC.
Un informe de Oxfam Intermón señala que el 0,1% más rico del planeta, unos ocho millones de personas, genera más emisiones de CO2 que los 3.500 millones más pobres juntos. Según el estudio, un multimillonario contribuye casi 400 veces más a la proliferación de olas de calor que una persona de la mitad más vulnerable de la población mundial.
La cumbre se celebra también ante la amenaza de un potente fenómeno de El Niño. La sequía asociada a este fenómeno ha reducido el nivel del agua y el tránsito de buques en el canal de Panamá. En el ámbito energético, el precio del barril de Brent superó los 100 dólares en septiembre, en un contexto marcado por la guerra en Irán y los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.
El Gobierno de Estados Unidos no enviará una delegación oficial por segundo año consecutivo, después de que Donald Trump retirara al país del Acuerdo de París. La retirada entró en vigor en enero de 2026. Sí acudirán congresistas demócratas y otros representantes estadounidenses. Su llegada sigue a la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, que algunas organizaciones ecologistas esperan que contribuya a contener las políticas contrarias a la acción climática.
Argentina, que retiró a su delegación de la COP29 de Bakú en 2024, permanece en el Acuerdo de París. Bruselas espera que presente cuanto antes su plan climático actualizado.
Pedro Sánchez no asistirá por primera vez a una COP desde que es presidente del Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, encabezará la delegación española, aunque deberá comparecer en Madrid ante la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre. La reunión de líderes está prevista para los días 11 y 12. Se espera la asistencia de al menos 85 líderes mundiales y casi 300 ministros, entre ellos el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participará en la apertura de esa reunión, mientras que el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, encabezará las negociaciones junto a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE.
Antalya acoge la conferencia después de varias semanas de lluvias y tormentas. La semana pasada, cuatro trabajadores de la construcción murieron en la zona a causa de fuertes vientos y precipitaciones. A mediados de octubre, otras lluvias torrenciales causaron ocho muertes en Estambul y daños por más de 200 millones de euros. Para la cumbre se han desplegado más de 20.000 policías en Antalya y se ha obligado a las escuelas a impartir clases en línea, especialmente durante la visita de los líderes.
En la apertura, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, pidió transformar los compromisos de anteriores cumbres en resultados tangibles y advirtió de que los avances no son suficientemente rápidos ni justos.
Turquía ejerce la presidencia formal de la conferencia y Australia dirige las negociaciones, una fórmula acordada después de que ambos países compitieran por acogerla. Esta semana ministerial, representantes de medio ambiente, clima y otras áreas de los países participantes se reúnen para cerrar acuerdos y tomar decisiones. Las decisiones oficiales requieren el consenso de los participantes.
El ministro australiano de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, dirige las negociaciones formales y ha designado a diez facilitadores en cinco parejas para buscar consensos sobre mitigación, adaptación, financiación, transición justa y protección de los océanos. Los ministros Bhupender Yadav, de India, y Carsten Schneider, de Alemania, trabajarán sobre la reducción de emisiones. Australia también quiere dar protagonismo a las demandas de los pequeños Estados insulares del Pacífico, vulnerables a la subida del nivel del mar.
La agenda reúne cerca de un centenar de puntos y prevé jornadas dedicadas, entre otros asuntos, a alimentación, agricultura y salud; energía y transporte; residuos; ciudades resilientes; finanzas y comercio; infancia y educación; ciencia, industria y tecnología; océanos y naturaleza; y desarrollo humano y social. El 19 de noviembre se centrará en la aplicación de la acción climática y el 20, en las negociaciones finales.
Una de las propuestas centrales de los anfitriones es elevar al 35% en 2035 la proporción del consumo energético mundial cubierta por electricidad, frente a alrededor del 20% actual. La iniciativa busca extender la electrificación a sectores como el transporte, la industria y la calefacción. Está por ver si la meta se incorpora al acuerdo de toda la cumbre o queda como un compromiso voluntario de un grupo de países.
La propuesta no especifica que la electricidad deba proceder de fuentes renovables. La Unión Europea reclama que sea limpia. Ecologistas en Acción advierte además de que el aumento de la electricidad no garantiza por sí solo la sustitución del carbón, el petróleo y el gas ni una transición justa. Greenpeace plantea que la UE eleve su propia meta al 50% en 2035; en España, la electrificación ronda el 22% y el plan energético vigente fija un 48% para 2030.
España, cuya posición negociadora se encuadra en la de la UE, defiende también la electrificación, el multilateralismo, la ciencia, las renovables, la transición justa y la adaptación. El Gobierno español busca que la electrificación se base en energías renovables. La UE fijó su posición para la cumbre el 12 de octubre, con prioridad para la transición energética, la reducción de emisiones y la adaptación. Entre sus objetivos están exigir la presentación de los planes climáticos pendientes, mantener el compromiso de triplicar la capacidad mundial de energías renovables y duplicar las mejoras de eficiencia energética.
La presidencia turca también busca acuerdos sobre edificios energéticamente eficientes y ciudades resilientes. Su agenda de acción paralela aborda asuntos como los residuos y la inteligencia artificial mediante compromisos voluntarios. Turquía plantea reducir a la mitad el crecimiento previsto de la generación de residuos para 2035 e impulsar iniciativas sobre industrialización verde, educación climática, seguridad alimentaria, protección de los océanos, resiliencia sanitaria y desertificación. También propone una plataforma para conectar los compromisos climáticos nacionales con asistencia técnica, inversión y proyectos que puedan obtener financiación. Greenpeace quiere aprovechar el debate sobre residuos para impulsar la reducción de plásticos, con la vista puesta en un acuerdo mundial contra este tipo de contaminación que, en principio, debería cerrarse en marzo de 2027. La primera dama turca, Emine Erdoğan, ha anunciado que promoverá iniciativas de residuo cero.
Analistas y organizaciones ecologistas advierten de que las iniciativas voluntarias no siempre cuentan con mecanismos de seguimiento y no ofrecen las mismas garantías de cumplimiento que los acuerdos multilaterales.
**Combustibles fósiles y financiación**
En la COP28 de Dubái, en 2023, los países acordaron avanzar en una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, pero las cumbres posteriores no concretaron cómo hacerlo. Brasil, anfitrión de la COP30 de Belém, ha presentado una hoja de ruta voluntaria que no forma parte de las negociaciones oficiales ni está prevista para el acuerdo final de Antalya.
El documento ofrece medidas adaptables a cada país, sin plazos ni hitos obligatorios. Entre ellas figuran la reducción de subvenciones a los combustibles fósiles, el impulso a las renovables y la disminución de la quema y liberación de gas en las instalaciones de extracción. Se complementa con otra hoja de ruta sobre la deforestación hasta 2030. Se prevé que unos 60 gobiernos se adhieran a la iniciativa sobre combustibles fósiles, sin incluir a los grandes productores.
España, Colombia y Brasil impulsaron además una alianza para el abandono de estas fuentes de energía, que celebró una reunión en Santa Marta en abril. Varios países, entre ellos Francia, Alemania y Países Bajos, han elaborado planes nacionales.
En Antalya también está prevista la renovación del mandato del programa de trabajo sobre mitigación, destinado a reforzar la ambición y aplicación de medidas durante esta década. Según Ecologistas en Acción, si no se renueva, no habrá un espacio formal para tratar la mitigación en la COP32 de Addis Abeba.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife reclaman una reducción más rápida de las emisiones, más financiación y el abandono de los combustibles fósiles. Las organizaciones advierten de que las medidas actuales son insuficientes, aunque reconocen que algunos países avanzan. Greenpeace alerta del riesgo de que la cumbre sea otra oportunidad perdida tras los bloqueos en la COP30 sobre las hojas de ruta de combustibles fósiles y deforestación. Ecologistas en Acción pide además triplicar los recursos para adaptación de aquí a 2035 y establecer mecanismos de transición justa que ayuden a los países más vulnerables.
La financiación volverá a enfrentar a los países industrializados con los más vulnerables, que reclaman recursos accesibles y previsibles para reducir emisiones, adaptarse y afrontar los daños de los desastres. En la COP29 de Bakú se fijó la meta de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 hacia los países en desarrollo, junto a una aspiración de alcanzar 1,3 billones al año con fondos públicos, privados y otras fuentes. Siguen las diferencias sobre quién debe aportar el dinero y cuánto llegará como subvenciones o préstamos.
La UE ha advertido de que no asumirá nuevos compromisos financieros en esta cumbre y defiende cumplir los existentes y mejorar el acceso a los fondos. Bruselas sostiene que otros grandes emisores no están correspondiendo con compromisos suficientemente ambiciosos. En 2025, la UE y sus Estados miembros aportaron 32.300 millones de euros de financiación pública y movilizaron otros 9.300 millones de financiación privada.
El programa oficial prevé una señal para triplicar la financiación específica para la adaptación de aquí a 2035. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países del Sur necesitarán entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales para ese fin en 2035, frente a los 26.000 millones de financiación pública internacional registrados en 2023. Para diciembre se espera el primer desembolso del fondo de pérdidas y daños.
Otra negociación pendiente es el desarrollo del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, creado en la COP30 para facilitar financiación y transferencia tecnológica a los países con menos recursos y evitar que la descarbonización recaiga sobre trabajadores y comunidades vulnerables. Sus funciones y características quedaron pendientes de concretar. Algunos países, como India, también quieren debatir medidas comerciales como el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera.
**El límite de 1,5 grados y las delegaciones**
La cumbre llega después de que la ONU advirtiera de que el planeta superará el umbral de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales recogido en el Acuerdo de París de 2015. Con las políticas actuales, sus proyecciones apuntan a unos 2,8 grados de calentamiento a finales de siglo; los planes de reducción de emisiones presentados por los países rebajarían esa previsión unas dos décimas.
La Alianza de Pequeños Estados Insulares, que agrupa a 39 países, pide no abandonar la meta de 1,5 grados. Las negociaciones se centran también en cómo limitar la magnitud y la duración de su superación y reforzar la adaptación a los fenómenos extremos. Varios países productores de petróleo y otros afines plantean reticencias a las referencias al límite de 1,5 grados y buscan aplazar la publicación de nuevos informes del panel de expertos IPCC.
Un informe de Oxfam Intermón señala que el 0,1% más rico del planeta, unos ocho millones de personas, genera más emisiones de CO2 que los 3.500 millones más pobres juntos. Según el estudio, un multimillonario contribuye casi 400 veces más a la proliferación de olas de calor que una persona de la mitad más vulnerable de la población mundial.
La cumbre se celebra también ante la amenaza de un potente fenómeno de El Niño. La sequía asociada a este fenómeno ha reducido el nivel del agua y el tránsito de buques en el canal de Panamá. En el ámbito energético, el precio del barril de Brent superó los 100 dólares en septiembre, en un contexto marcado por la guerra en Irán y los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.
El Gobierno de Estados Unidos no enviará una delegación oficial por segundo año consecutivo, después de que Donald Trump retirara al país del Acuerdo de París. La retirada entró en vigor en enero de 2026. Sí acudirán congresistas demócratas y otros representantes estadounidenses. Su llegada sigue a la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, que algunas organizaciones ecologistas esperan que contribuya a contener las políticas contrarias a la acción climática.
Argentina, que retiró a su delegación de la COP29 de Bakú en 2024, permanece en el Acuerdo de París. Bruselas espera que presente cuanto antes su plan climático actualizado.
Pedro Sánchez no asistirá por primera vez a una COP desde que es presidente del Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, encabezará la delegación española, aunque deberá comparecer en Madrid ante la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre. La reunión de líderes está prevista para los días 11 y 12. Se espera la asistencia de al menos 85 líderes mundiales y casi 300 ministros, entre ellos el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participará en la apertura de esa reunión, mientras que el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, encabezará las negociaciones junto a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE.
Antalya acoge la conferencia después de varias semanas de lluvias y tormentas. La semana pasada, cuatro trabajadores de la construcción murieron en la zona a causa de fuertes vientos y precipitaciones. A mediados de octubre, otras lluvias torrenciales causaron ocho muertes en Estambul y daños por más de 200 millones de euros. Para la cumbre se han desplegado más de 20.000 policías en Antalya y se ha obligado a las escuelas a impartir clases en línea, especialmente durante la visita de los líderes.