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La controversia sobre las pulseras telemáticas para maltratadores agrava tensiones entre el Gobierno y la Justicia
Fallos en los dispositivos de control impulsan demandas de reprobación contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Publicado: 20 de septiembre de 2025, 06:37
La polémica en torno a las pulseras telemáticas para maltratadores ha crecido en España, generando un intenso debate político y judicial sobre su efectividad y los problemas técnicos asociados con sus operaciones. Desde 2009, estas pulseras han sido un componente clave en la protección de las víctimas de violencia de género, pero recientes fallos en el sistema han puesto en riesgo la seguridad de muchas mujeres y han suscitado interpelaciones al Gobierno por parte de diferentes actores políticos.
La situación se intensificó cuando la eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás, elevó a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria indicando que estos fallos han prolongado la crisis durante al menos ocho meses. Según el PP, varios juzgados recibieron notificaciones oficiales que indicaban que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo. Asimismo, la Fiscalía ha reconocido que esta situación ha ocasionado "sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores". Estarás afirmó que esta falta de acción podría haber vulnerado hasta cuatro directivas comunitarias relacionadas con la protección de las víctimas y la contratación pública.
La Fiscalía General del Estado reveló en su reciente memoria anual que hubo "múltiples fallos" relacionados con los dispositivos de seguimiento, señalando problemas en juicios donde se debía demostrar que los maltratadores habían incumplido las órdenes de alejamiento al quitarse las pulseras. Estos fallos, que incluyen desde alertas no activadas hasta datos de localización erróneos, han llevado a situaciones críticas en las que la seguridad de las víctimas se considera comprometida.
En respuesta a estas acusaciones, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido el funcionamiento continuo de las pulseras, instando a que se mantenga la calma ante la alarma pública generada. Redondo ha cargado contra la Fiscalía por realizar valoraciones basadas, según ella, en datos insuficientes. “Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas”, ha afirmado la ministra, intentando minimizar las preocupaciones que han sido alzadas por partidos como el Partido Popular (PP).
Sin embargo, el PP insiste en que el Gobierno socialista debe dar explicaciones y evalúa la posibilidad de que se abra un procedimiento de infracción ante la Comisión Europea por la indefensión de las víctimas. En medio de esta controversia, se ha revelado que durante los últimos meses, los sistemas operativos de estas pulseras sufrieron complicaciones por el cambio de la empresa adjudicataria, lo que resultó en la pérdida de datos históricos y una incapacidad temporal para acceder a información crítica sobre los maltratadores. Además, juristas de la Asociación de Mujeres Juristas Themis han señalado que las víctimas estuvieron desprotegidas debido a la falta de acceso a datos que probaran los quebrantamientos de condena. Esto contradice la versión del Ministerio de Igualdad y de la Fiscalía General del Estado, que han asegurado que las víctimas nunca estuvieron desprotegidas. La reciente memoria de la Fiscalía advirtió que se habían producido muchas absoluciones de maltratadores por estos fallos técnicos, lo que refleja un panorama crítico en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género. A pesar de las afirmaciones del gobierno, desde algunas instancias judiciales se ha indicado que estos fallos configuran un panorama de inseguridad que podría afectar la confianza en todo el sistema de protección.
La situación se intensificó cuando la eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás, elevó a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria indicando que estos fallos han prolongado la crisis durante al menos ocho meses. Según el PP, varios juzgados recibieron notificaciones oficiales que indicaban que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo. Asimismo, la Fiscalía ha reconocido que esta situación ha ocasionado "sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores". Estarás afirmó que esta falta de acción podría haber vulnerado hasta cuatro directivas comunitarias relacionadas con la protección de las víctimas y la contratación pública.
La Fiscalía General del Estado reveló en su reciente memoria anual que hubo "múltiples fallos" relacionados con los dispositivos de seguimiento, señalando problemas en juicios donde se debía demostrar que los maltratadores habían incumplido las órdenes de alejamiento al quitarse las pulseras. Estos fallos, que incluyen desde alertas no activadas hasta datos de localización erróneos, han llevado a situaciones críticas en las que la seguridad de las víctimas se considera comprometida.
En respuesta a estas acusaciones, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido el funcionamiento continuo de las pulseras, instando a que se mantenga la calma ante la alarma pública generada. Redondo ha cargado contra la Fiscalía por realizar valoraciones basadas, según ella, en datos insuficientes. “Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas”, ha afirmado la ministra, intentando minimizar las preocupaciones que han sido alzadas por partidos como el Partido Popular (PP).
Sin embargo, el PP insiste en que el Gobierno socialista debe dar explicaciones y evalúa la posibilidad de que se abra un procedimiento de infracción ante la Comisión Europea por la indefensión de las víctimas. En medio de esta controversia, se ha revelado que durante los últimos meses, los sistemas operativos de estas pulseras sufrieron complicaciones por el cambio de la empresa adjudicataria, lo que resultó en la pérdida de datos históricos y una incapacidad temporal para acceder a información crítica sobre los maltratadores. Además, juristas de la Asociación de Mujeres Juristas Themis han señalado que las víctimas estuvieron desprotegidas debido a la falta de acceso a datos que probaran los quebrantamientos de condena. Esto contradice la versión del Ministerio de Igualdad y de la Fiscalía General del Estado, que han asegurado que las víctimas nunca estuvieron desprotegidas. La reciente memoria de la Fiscalía advirtió que se habían producido muchas absoluciones de maltratadores por estos fallos técnicos, lo que refleja un panorama crítico en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género. A pesar de las afirmaciones del gobierno, desde algunas instancias judiciales se ha indicado que estos fallos configuran un panorama de inseguridad que podría afectar la confianza en todo el sistema de protección.