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La controversia sobre el aborto en España: Ayuso desafía al Gobierno y provoca tensiones en el PP
La presidenta madrileña rechaza crear un registro de médicos objetores, mientras Sánchez advierte que llegará al Constitucional si no se garantizan los derechos de las mujeres.
Publicado: 10 de octubre de 2025, 06:37
El debate sobre el aborto en España se ha intensificado tras las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se opone a la creación de un registro de médicos objetores, lo que requiere garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública. Durante una reciente sesión en la Asamblea de Madrid, Ayuso justificó su negativa al afirmar que la creación de este registro es hacer una "lista negra" de médicos, además de instar a las mujeres a buscar atención en otros lugares si sus derechos no son satisfechos. Su negativa ha generado controversia, no solo con el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, quien advirtió que podrían llevar el caso al Tribunal Constitucional si no se aseguran los derechos de las mujeres, sino también dentro de su propio partido, el PP.
Los datos recientes del Ministerio de Sanidad reflejan que solo el 21% de los abortos se realizan en centros públicos y la situación es peor en Madrid, lo que demuestra que el acceso depende del "código postal". El informe más reciente señala que la situación es peor en comunidades gobernadas por el PP, como Extremadura y Ceuta, donde no se realizan abortos en la red pública. A pesar de los intentos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por desmarcarse de la postura de Ayuso, la presidenta persiste en su oposición a la creación del registro, intensificando la tensión interna en el partido sobre este tema polarizador en la sociedad española.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reafirmado que el Gobierno no permitirá infracciones a los derechos de las mujeres, mostrando así el firme compromiso del Ejecutivo por asegurar el cumplimiento de las normativas relacionadas con el aborto, en un contexto donde las declaraciones de Ayuso evocan prácticas pasadas y desatan un debate público significativo. Además, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado que el Gobierno estudia acciones legales contra Ayuso por desacato a la ley que exige el registro de los objetores, advirtiendo que no se permitirá que las mujeres regresen a la situación de tener que ir a Londres para abortar.
Los datos recientes del Ministerio de Sanidad reflejan que solo el 21% de los abortos se realizan en centros públicos y la situación es peor en Madrid, lo que demuestra que el acceso depende del "código postal". El informe más reciente señala que la situación es peor en comunidades gobernadas por el PP, como Extremadura y Ceuta, donde no se realizan abortos en la red pública. A pesar de los intentos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por desmarcarse de la postura de Ayuso, la presidenta persiste en su oposición a la creación del registro, intensificando la tensión interna en el partido sobre este tema polarizador en la sociedad española.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reafirmado que el Gobierno no permitirá infracciones a los derechos de las mujeres, mostrando así el firme compromiso del Ejecutivo por asegurar el cumplimiento de las normativas relacionadas con el aborto, en un contexto donde las declaraciones de Ayuso evocan prácticas pasadas y desatan un debate público significativo. Además, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado que el Gobierno estudia acciones legales contra Ayuso por desacato a la ley que exige el registro de los objetores, advirtiendo que no se permitirá que las mujeres regresen a la situación de tener que ir a Londres para abortar.