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La controversia por la Real Casa de Correos: Ayuso se opone a la declaración como Lugar de Memoria Democrática
La presidenta de la Comunidad de Madrid ignora la historia de torturas en su sede mientras el Gobierno central defiende la memoria histórica.
Publicado: 25 de octubre de 2025, 18:58
La reciente decisión del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática ha provocado una intensa polémica, ya que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha negado a aceptar esta historia y planea interponer un recurso ante la Audiencia Nacional. Ayuso argumenta que el proceso de declaración no se ajusta a los plazos establecidos y ha sido criticada por miembros del PSOE, como Paca Sauquillo, quien describe esta postura como una 'banalización' del sufrimiento de las víctimas del franquismo.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2020, estipula que los lugares de represión franquista deben ser reconocidos adecuadamente. Sin embargo, Ayuso rechaza que se coloque una placa conmemorativa ya que considera que revive heridas del pasado, mientras que Sauquillo, con experiencia personal en la lucha contra el franquismo, ha exhortado a Ayuso a enfrentar el dolor de las víctimas con seriedad.
El debate sobre la declaración ha culminado en una confrontación entre el Gobierno regional y el nacional, con ambos lados defendiendo sus posturas sobre los plazos y el contenido de la ley, lo que resalta una clara fractura política sobre la memoria histórica en España. Este conflicto no solo aborda el reconocimiento de hechos del pasado, sino que también refleja las profundas implicaciones políticas y sociales del legado franquista en la actualidad española.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2020, estipula que los lugares de represión franquista deben ser reconocidos adecuadamente. Sin embargo, Ayuso rechaza que se coloque una placa conmemorativa ya que considera que revive heridas del pasado, mientras que Sauquillo, con experiencia personal en la lucha contra el franquismo, ha exhortado a Ayuso a enfrentar el dolor de las víctimas con seriedad.
El debate sobre la declaración ha culminado en una confrontación entre el Gobierno regional y el nacional, con ambos lados defendiendo sus posturas sobre los plazos y el contenido de la ley, lo que resalta una clara fractura política sobre la memoria histórica en España. Este conflicto no solo aborda el reconocimiento de hechos del pasado, sino que también refleja las profundas implicaciones políticas y sociales del legado franquista en la actualidad española.