Progresista 61%Conservador 39%
La consulta pública del Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell concluye, generando críticas y advertencias sobre sus implicaciones
Los ciudadanos tienen hasta hoy para expresar sus preocupaciones sobre la operación, mientras surgen acciones legales en contra del proceso.
Publicado: 16 de mayo de 2025, 12:39
La consulta pública organizada por el Gobierno en relación con la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA al Banco Sabadell finaliza hoy, y ha suscitado un amplio debate sobre su legitimidad y sus posibles consecuencias. Desde su lanzamiento, la iniciativa permitió a ciudadanos, organizaciones y empresas expresar sus preocupaciones relacionadas con los efectos que podría tener la operación sobre el interés general.
El ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, ha enfatizado que este proceso no es un referéndum vinculante, sino un medio para recopilar información que influya en decisiones futuras sobre la OPA. A pesar de su carácter no vinculante, la consulta ha generado reacciones mixtas en la sociedad. Sin embargo, la consulta ha sido objeto de críticas, con abogados cuestionando su validez y advirtiendo posibles irregularidades, lo que podría llevar a impugnaciones ante los tribunales.
Además, los sindicatos CCOO y UGT han expresado su rechazo a la OPA, alertando sobre potenciales riesgos económicos y sociales, incluidos empleos que podrían perderse. Estos grupos han instado al Gobierno a usar la consulta como un medio para evaluar el daño potencial que podría ocasionar la fusión, destacando preocupaciones por la concentración de poder en el sector financiero.
El ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, ha enfatizado que este proceso no es un referéndum vinculante, sino un medio para recopilar información que influya en decisiones futuras sobre la OPA. A pesar de su carácter no vinculante, la consulta ha generado reacciones mixtas en la sociedad. Sin embargo, la consulta ha sido objeto de críticas, con abogados cuestionando su validez y advirtiendo posibles irregularidades, lo que podría llevar a impugnaciones ante los tribunales.
Además, los sindicatos CCOO y UGT han expresado su rechazo a la OPA, alertando sobre potenciales riesgos económicos y sociales, incluidos empleos que podrían perderse. Estos grupos han instado al Gobierno a usar la consulta como un medio para evaluar el daño potencial que podría ocasionar la fusión, destacando preocupaciones por la concentración de poder en el sector financiero.