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La condena del fiscal general Álvaro García Ortiz genera fracturas en el Tribunal Supremo y reacciones políticas intensas
La inhabilitación de dos años por revelación de secretos pone en jaque al Gobierno y revela divisiones internas en la justicia.
Publicado: 23 de noviembre de 2025, 07:34
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. Esta decisión ha generado reacciones intensas en el ámbito político y judicial, poniendo de manifiesto divisiones en el poder judicial español.
La condena se produce tras la divulgación de datos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque muchos ven la sentencia como una declaración de guerra del Supremo contra el Gobierno de Sánchez, hay críticas sobre la falta de pruebas directas que respaldan la decisión judicial, lo que agudiza el debate sobre la politización de la justicia.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido diversa, con Pedro Sánchez buscando nombrar rápidamente a un nuevo fiscal general progresista. La situación ha desatado un debate interno sobre cómo afrontar la crisis, mientras que analistas critican que la condena podría desviar la atención de problemas fundamentales y acentuar las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo.
La condena se produce tras la divulgación de datos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque muchos ven la sentencia como una declaración de guerra del Supremo contra el Gobierno de Sánchez, hay críticas sobre la falta de pruebas directas que respaldan la decisión judicial, lo que agudiza el debate sobre la politización de la justicia.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido diversa, con Pedro Sánchez buscando nombrar rápidamente a un nuevo fiscal general progresista. La situación ha desatado un debate interno sobre cómo afrontar la crisis, mientras que analistas critican que la condena podría desviar la atención de problemas fundamentales y acentuar las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo.