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La condena de exautoridades por la repatriación ilegal de menores en Ceuta genera debate sobre la necesidad de reformas en la normativa de extranjería
El presidente de Ceuta defiende a las exresponsables condenadas, argumentando que actuaron en un contexto de emergencia humanitaria.
Publicado: 12 de septiembre de 2025, 06:55
La reciente condena de la exvicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, y la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha suscitado una controversia significativa en torno a la legislación de extranjería y las acciones de repatriación de menores migrantes a Marruecos. Ambas dirigentes han sido sentenciadas a nueve años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Cádiz, tras ser halladas culpables de realizar devoluciones irregulares de 55 menores entre el 13 y el 16 de agosto de 2021.
El operativo de repatriación se llevó a cabo en un contexto de alta tensión durante la crisis migratoria que vivió Ceuta. Juan Vivas, el presidente de Ceuta, ha expresado su continuo apoyo a Deu y Mateos, manifestando que cree en su inocencia y que su actuación fue en el contexto de una crisis humanitaria. Sin embargo, la sentencia concluye que las acusadas actuaron de manera consciente de la irregularidad de sus acciones, ignorando advertencias sobre la ilegalidad del operativo.
Dicha situación ha abierto un debate sobre la normativa relacionada con el tratamiento de menores migrantes, pues Vivas ha mencionado la necesidad de una reforma que aborde los 'colapsos' en la gestión del área de Menores en Ceuta. La controversia señala no solo las acciones de las exautoridades, sino también la responsabilidad del gobierno central en el proceso crítico que afecta la vida de cientos de menores migrantes en la región.
El operativo de repatriación se llevó a cabo en un contexto de alta tensión durante la crisis migratoria que vivió Ceuta. Juan Vivas, el presidente de Ceuta, ha expresado su continuo apoyo a Deu y Mateos, manifestando que cree en su inocencia y que su actuación fue en el contexto de una crisis humanitaria. Sin embargo, la sentencia concluye que las acusadas actuaron de manera consciente de la irregularidad de sus acciones, ignorando advertencias sobre la ilegalidad del operativo.
Dicha situación ha abierto un debate sobre la normativa relacionada con el tratamiento de menores migrantes, pues Vivas ha mencionado la necesidad de una reforma que aborde los 'colapsos' en la gestión del área de Menores en Ceuta. La controversia señala no solo las acciones de las exautoridades, sino también la responsabilidad del gobierno central en el proceso crítico que afecta la vida de cientos de menores migrantes en la región.