Progresista 86.2%Conservador 13.8%
La condena a 18 exdirectivos de BPA marca un hito en el caso de blanqueo de capitales en Andorra.
El exconsejero delegado Joan Pau Miquel recibe siete años de prisión y una multa de 30 millones de euros por blanqueo.
Publicado: 15 de julio de 2025, 19:50
El Tribunal de Corts de Andorra ha dictado recientemente la primera sentencia significativa en el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), condenando a 18 de los 24 acusados a penas de prisión y multas que suman más de 66 millones de euros. Este fallo se considera un hito en un proceso judicial que se ha extensado durante más de siete años, desde que se plantearon las acusaciones iniciales.
Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, ha sido sentenciado a siete años de prisión y una multa de 30 millones de euros, siendo uno de los principales condenados. La sentencia se refiere a actividades de blanqueo de hasta 70 millones de euros realizadas entre 2008 y 2011, complot que ha tenido repercusiones internacionales, especialmente notable en tribunales relacionados con el empresario chino Gao Ping.
La condena es solo la primera en una serie de procesos judiciales relacionados con BPA, con otros casos abiertos que vinculan a figuras políticas significativas en España. Esto ha resaltado la necesidad de regulación en el sector financiero andorrano y podría tener implicaciones en la percepción internacional del mismo, además, se espera que los condenados apelen la sentencia, lo que podría prolongar el proceso judicial.
Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, ha sido sentenciado a siete años de prisión y una multa de 30 millones de euros, siendo uno de los principales condenados. La sentencia se refiere a actividades de blanqueo de hasta 70 millones de euros realizadas entre 2008 y 2011, complot que ha tenido repercusiones internacionales, especialmente notable en tribunales relacionados con el empresario chino Gao Ping.
La condena es solo la primera en una serie de procesos judiciales relacionados con BPA, con otros casos abiertos que vinculan a figuras políticas significativas en España. Esto ha resaltado la necesidad de regulación en el sector financiero andorrano y podría tener implicaciones en la percepción internacional del mismo, además, se espera que los condenados apelen la sentencia, lo que podría prolongar el proceso judicial.