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La comunidad universitaria en contra de la nueva Ley de Universidades de Ayuso que limita las protestas
Expertos, estudiantes y sindicatos critican un régimen sancionador que podría asfixiar la libertad de expresión en el ámbito universitario.
Publicado: 12 de junio de 2025, 12:53
La reciente propuesta de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha generado un fuerte rechazo en la comunidad universitaria, tras conocerse que incluye sanciones drásticas para aquellas protestas o manifestaciones que no sean autorizadas. Las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros por realizar estas acciones y hasta un millón de euros en casos más graves, de acuerdo con un borrador de la ley que ha sido criticado por diversos sectores de la educación. Expertos y miembros de la comunidad educativa la han señalado como una amenaza directa a la autonomía y libertad de expresión en las instituciones académicas.
Desde la presentación de la ley en mayo de 2025, se ha gestado un creciente malestar entre estudiantes, profesores y sindicatos, quienes consideran que esta normativa no solo busca regular las manifestaciones, sino que en realidad pretende "amordazar" la voz de la comunidad educativa. Los críticos argumentan que algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas y van en contra de principios constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. El consejero de Educación regional, Emilio Viciana, ha defendido la necesidad de establecer un régimen sancionador para garantizar "la libertad en los campus", pero esta posición ha sido recibida con resistencia.
Las reacciones ante este proyecto de ley han sido contundentes, con convocatorias de movilizaciones y un claro llamamiento a defender la autonomía universitaria y el derecho a la educación pública de calidad, enfatizando que "nos jugamos el futuro" de la educación en Madrid. A medida que se esperan más detalles sobre la ley, el rechazo sigue en aumento, y desde el Ministerio de Universidades se advierte que esta normativa podría invadir competencias estatales y violar la autonomía universitaria, lo que podría llevar a acciones legales por parte del Gobierno central. Lo que augura un otoño de disputas y protestas en el ámbito educativo, ya que varias organizaciones estudiantiles han programado concentraciones para manifestar su oposición a la legislación que consideran un ataque a la libertad de expresión.
Desde la presentación de la ley en mayo de 2025, se ha gestado un creciente malestar entre estudiantes, profesores y sindicatos, quienes consideran que esta normativa no solo busca regular las manifestaciones, sino que en realidad pretende "amordazar" la voz de la comunidad educativa. Los críticos argumentan que algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas y van en contra de principios constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. El consejero de Educación regional, Emilio Viciana, ha defendido la necesidad de establecer un régimen sancionador para garantizar "la libertad en los campus", pero esta posición ha sido recibida con resistencia.
Las reacciones ante este proyecto de ley han sido contundentes, con convocatorias de movilizaciones y un claro llamamiento a defender la autonomía universitaria y el derecho a la educación pública de calidad, enfatizando que "nos jugamos el futuro" de la educación en Madrid. A medida que se esperan más detalles sobre la ley, el rechazo sigue en aumento, y desde el Ministerio de Universidades se advierte que esta normativa podría invadir competencias estatales y violar la autonomía universitaria, lo que podría llevar a acciones legales por parte del Gobierno central. Lo que augura un otoño de disputas y protestas en el ámbito educativo, ya que varias organizaciones estudiantiles han programado concentraciones para manifestar su oposición a la legislación que consideran un ataque a la libertad de expresión.