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La comunidad musulmana en Jumilla repudia el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas, acusando islamofobia institucional
La prohibición de actos religiosos en instalaciones públicas genera preocupación por un retroceso en los derechos fundamentales.
Publicado: 11 de agosto de 2025, 06:36
En Jumilla, la decisión del Partido Popular (PP) y Vox de prohibir la celebración de actos islámicos en instalaciones deportivas ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad musulmana, que ve esta medida como parte de un patrón discriminatorio. Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, ha denunciado que esta prohibición no solo refleja un discurso de odio, sino que también constituye un avance hacia la islamofobia institucional. El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo que prohíbe el uso de instalaciones municipales para actos de la comunidad musulmana, argumentando que se restringe de forma arbitraria una celebración tradicional, vulnerando el derecho a la libertad religiosa.
El PP, respaldando la moción de Vox, argumenta que estas restricciones son necesarias para proteger las costumbres españolas, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos. La Conferencia Episcopal Española ha subrayado que las manifestaciones religiosas públicas están protegidas por la libertad de culto, intensificando las tensiones sobre la complicidad de la iglesia con discursos políticos extremos. La comunidad musulmana ha solicitado la intervención de la Fiscalía para investigar este acto como un posible delito de odio, señalando que el precedente abierto puede llevar a más iniciativas similares.
En respuesta a la controversia, el Gobierno ha sostenido que el acuerdo vulnera no solo el derecho a la libertad religiosa, sino también la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, y le ha otorgado al Ayuntamiento un mes para revocar la medida, advirtiendo que, de no hacer caso, procederá judicialmente. Este veto está generando un amplio debate sobre la convivencia en España, un país que, a pesar de su diversidad cultural, enfrenta políticas que favorecen la exclusión. La situación resalta la fragilidad de los derechos de las minorías y la necesidad de reflexionar sobre el futuro democrático de la sociedad.
El PP, respaldando la moción de Vox, argumenta que estas restricciones son necesarias para proteger las costumbres españolas, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos. La Conferencia Episcopal Española ha subrayado que las manifestaciones religiosas públicas están protegidas por la libertad de culto, intensificando las tensiones sobre la complicidad de la iglesia con discursos políticos extremos. La comunidad musulmana ha solicitado la intervención de la Fiscalía para investigar este acto como un posible delito de odio, señalando que el precedente abierto puede llevar a más iniciativas similares.
En respuesta a la controversia, el Gobierno ha sostenido que el acuerdo vulnera no solo el derecho a la libertad religiosa, sino también la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, y le ha otorgado al Ayuntamiento un mes para revocar la medida, advirtiendo que, de no hacer caso, procederá judicialmente. Este veto está generando un amplio debate sobre la convivencia en España, un país que, a pesar de su diversidad cultural, enfrenta políticas que favorecen la exclusión. La situación resalta la fragilidad de los derechos de las minorías y la necesidad de reflexionar sobre el futuro democrático de la sociedad.