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La Comunidad de Madrid se niega a crear un registro de objetores de conciencia, dificultando el acceso al aborto en hospitales públicos
Las mujeres en Madrid deben acudir a clínicas privadas para interrumpir su embarazo, mientras otras comunidades avanzan en la implementación del registro de objetores.
Publicado: 18 de octubre de 2025, 06:45
La Comunidad de Madrid enfrenta críticas por su negativa a establecer un registro de médicos objetores de conciencia para la práctica del aborto, lo que limita gravemente el acceso a este procedimiento en hospitales públicos. Actualmente, el 100% de las mujeres que desean interrumpir su embarazo en Madrid recurren a clínicas privadas debido a la objeción de conciencia entre los profesionales de la salud en el sector público.
El debate se intensificó con declaraciones del alcalde de Madrid que introdujo el concepto 'síndrome post-aborto', sugiriendo que las mujeres deben recibir información sobre ello, a pesar de que carece de respaldo científico. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reforzado su negativa a crear un registro de médicos objetores, lo que contraviene leyes estatales y genera desigualdad en el acceso al aborto, en un contexto donde otras comunidades ya han empezado a implementar estos registros.
Sin la creación de un registro, continúa la falta de transparencia sobre la disponibilidad de servicios de aborto, y las mujeres se ven obligadas a buscar servicios en clínicas que no siempre garantizan calidad ni accesibilidad. Activistas en derechos sexuales y reproductivos deben seguir presionando para garantizar el derecho al aborto y un acceso equitativo en el sistema público.
El debate se intensificó con declaraciones del alcalde de Madrid que introdujo el concepto 'síndrome post-aborto', sugiriendo que las mujeres deben recibir información sobre ello, a pesar de que carece de respaldo científico. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reforzado su negativa a crear un registro de médicos objetores, lo que contraviene leyes estatales y genera desigualdad en el acceso al aborto, en un contexto donde otras comunidades ya han empezado a implementar estos registros.
Sin la creación de un registro, continúa la falta de transparencia sobre la disponibilidad de servicios de aborto, y las mujeres se ven obligadas a buscar servicios en clínicas que no siempre garantizan calidad ni accesibilidad. Activistas en derechos sexuales y reproductivos deben seguir presionando para garantizar el derecho al aborto y un acceso equitativo en el sistema público.