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La Comunidad de Madrid se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto, desafiando al Gobierno central hasta los tribunales
La administración de Ayuso apostará por la Justicia ante la exigencia del Ministerio de Sanidad para establecer el registro requerido por la ley de 2023.
Publicado: 14 de noviembre de 2025, 20:47
La Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado su negativa a crear un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, desafiando así un requerimiento del Ministerio de Sanidad que establece esta obligación en virtud de la ley del aborto de 2023. A pesar de las justificaciones de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, sobre proteger el derecho al aborto, la negativa genera preocupaciones sobre posibles limitaciones para las mujeres en la región.
El requerimiento del Gobierno central busca establecer un mecanismo que garantice el acceso al aborto en la sanidad pública, pero Madrid se ha opuesto, lo que ha llevado a un enfrentamiento con el Gobierno central. Mientras que otras comunidades autónomas han aceptado crear este registro, Madrid se mantiene sola en su negativa. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la importancia de este registro para asegurar que los servicios de aborto sean accesibles.
Este tira y afloja legal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central promete dilucidar las responsabilidades en la defensa de los derechos reproductivos y el acceso a servicios de salud, un tema candente y de gran importancia social en el contexto actual.
El requerimiento del Gobierno central busca establecer un mecanismo que garantice el acceso al aborto en la sanidad pública, pero Madrid se ha opuesto, lo que ha llevado a un enfrentamiento con el Gobierno central. Mientras que otras comunidades autónomas han aceptado crear este registro, Madrid se mantiene sola en su negativa. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la importancia de este registro para asegurar que los servicios de aborto sean accesibles.
Este tira y afloja legal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central promete dilucidar las responsabilidades en la defensa de los derechos reproductivos y el acceso a servicios de salud, un tema candente y de gran importancia social en el contexto actual.