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La Comunidad de Madrid enfrenta tensiones en la gestión hospitalaria y compras éticas de material sanitario
Conflictos sobre facturación en hospitales y la demanda de sanitarios de evitar productos de empresas israelíes resaltan la crisis en el sector salud.
Publicado: 22 de julio de 2025, 06:59
La gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se encuentra en un punto álgido de conflictos, que involucran tanto cuestiones económicas como éticas. La relación entre la administración de Isabel Díaz Ayuso y Quirón, la compañía que gestiona varios hospitales públicos, se ha tensado debido a discrepancias sobre facturación y pagos millonarios, mientras que un grupo de sanitarios ha exigido al gobierno que evite la compra de materiales a empresas vinculadas a la ocupación de territorios palestinos.
Entre 2019 y 2024, la administración regional ha desembolsado más de 5.000 millones de euros a Quirón, incluyendo un desvío presupuestario significativo de 1.300 millones de euros. Este conflicto también aborda la asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular, generando problemas financieros y operativos. Al mismo tiempo, unos 400 profesionales de la salud han reclamado detener las compras a empresas como HP y Teva, implicadas en la ocupación israelí, y enfatizan la creación de un proceso de selección más transparente para la contratación de servicios y materiales.
Las demandas de los trabajadores subrayan la necesidad de revisar acuerdos previos y establecer condiciones que no favorezcan a empresas relacionadas con violaciones de derechos humanos. Esta dualidad de conflictos refleja una crisis en el sector sanitario que requiere atención tanto a nivel administrativo como ético, resaltando que cada decisión tiene repercusiones financieras y sociales.
Entre 2019 y 2024, la administración regional ha desembolsado más de 5.000 millones de euros a Quirón, incluyendo un desvío presupuestario significativo de 1.300 millones de euros. Este conflicto también aborda la asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular, generando problemas financieros y operativos. Al mismo tiempo, unos 400 profesionales de la salud han reclamado detener las compras a empresas como HP y Teva, implicadas en la ocupación israelí, y enfatizan la creación de un proceso de selección más transparente para la contratación de servicios y materiales.
Las demandas de los trabajadores subrayan la necesidad de revisar acuerdos previos y establecer condiciones que no favorezcan a empresas relacionadas con violaciones de derechos humanos. Esta dualidad de conflictos refleja una crisis en el sector sanitario que requiere atención tanto a nivel administrativo como ético, resaltando que cada decisión tiene repercusiones financieras y sociales.