La Comunidad de Madrid enfrenta críticas por su respuesta a la política migratoria y la gestión de propiedades de Ayuso

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados, afirmando que este invade competencias en protección de menores y asistencia social. Esta situación ha generado críticas, especialmente tras la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de cerrar un centro de acogida, lo que algunos consideran una manipulación política de la crisis migratoria. La presidenta Ayuso ha sido acusada de alimentar un clima de xenofobia con estas acciones.

Además, Ayuso enfrenta críticas por el acceso restringido al chalé de El Paular, adquirido con fondos públicos, a los cuales no se les permitió entrar a los diputados de PSOE y Más Madrid. Las decisiones de la Comunidad de Madrid han levantado serias dudas sobre la transparencia y la ética de la gestión de Ayuso. Los opositores sostienen que este chalet no debería ser un refugio privado y que los representantes de la población deben tener acceso a él.

Las cuestiones de política migratoria y gestión de propiedades están interconectadas, donde la falta de transparencia en la gestión de Ayuso ha reforzado las críticas hacia la utilización política de la inmigración. Las decisiones del gobierno regional parecen buscar posicionamiento ante un electorado influenciado por discursos xenófobos, lo que plantea preguntas sobre la responsabilidad política en tiempos de crisis.