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La Comisión Europea impulsa nuevas regulaciones para excluir a Huawei y ZTE de infraestructuras críticas en la UE por riesgos de ciberseguridad
La intención de Bruselas de prohibir contratos con empresas de alto riesgo genera tensiones con España, que se resiste a la medida.
Publicado: 20 de enero de 2026, 22:40
La Comisión Europea ha propuesto la prohibición de la participación de proveedores como Huawei y ZTE en infraestructuras críticas, motivada por la creciente preocupación por la ciberseguridad. La propuesta establece que las administraciones públicas deberán eliminar contratos existentes con estos proveedores en un plazo de tres años, enfatizando que las amenazas de ciberseguridad representan riesgos estratégicos para Europa.
El impacto económico que podrían acarrear estas medidas se estima en miles de millones de euros. Aunque aún no se ha concretado una lista de empresas a excluir, Huawei y ZTE ya están bajo sospecha de riesgo sustancial, lo que acentúa las preocupaciones sobre la injerencia extranjera en sectores clave. En España, el gobierno ha mantenido acuerdos con Huawei, desafiando las advertencias de Bruselas, mientras la empresa china rechaza las medidas propuestas como violaciones a los principios jurídicos europeos.
La propuesta de la Comisión Europea debe ser debatida y aprobada por el Parlamento y el Consejo de la UE antes de su ratificación, marcando un posible cambio en las relaciones comerciales con China y estableciendo un precedente para futuras regulaciones en el ámbito tecnológico.
El impacto económico que podrían acarrear estas medidas se estima en miles de millones de euros. Aunque aún no se ha concretado una lista de empresas a excluir, Huawei y ZTE ya están bajo sospecha de riesgo sustancial, lo que acentúa las preocupaciones sobre la injerencia extranjera en sectores clave. En España, el gobierno ha mantenido acuerdos con Huawei, desafiando las advertencias de Bruselas, mientras la empresa china rechaza las medidas propuestas como violaciones a los principios jurídicos europeos.
La propuesta de la Comisión Europea debe ser debatida y aprobada por el Parlamento y el Consejo de la UE antes de su ratificación, marcando un posible cambio en las relaciones comerciales con China y estableciendo un precedente para futuras regulaciones en el ámbito tecnológico.