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La Comisión Europea cuestiona la ley de amnistía en España al considerarla una autoamnistía y advierte sobre su impacto en el Estado de derecho.
A pesar de sus reservas, no encuentra que la amnistía afecte los intereses financieros de la UE, dejando su validación final en manos del Tribunal Constitucional español.
Publicado: 10 de junio de 2025, 12:46
La Comisión Europea ha expresado su profundo cuestionamiento hacia la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de España, considerando que 'no responde a un objetivo de interés general' y que, en cambio, 'parece ser una autoamnistía'. Este diagnóstico fue emitido en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 9 de diciembre. Las observaciones de la Comisión, a las que han estado expuestas varios medios, enfatizan que el procedimiento seguido para la aprobación de la ley fue de urgencia, eludiendo informes esenciales de órganos consultivos y sin llevar a cabo una consulta pública adecuada. Además, aduce que el proceso ha profundizado las divisiones sociales y políticas en España, apoyándose en observaciones de la Comisión de Venecia, que ha pedido un mayor diálogo entre todas las partes implicadas.
La Comisión aclara que no ve un vínculo suficiente entre las ilegalidades que conducen a la secesión y los intereses financieros de la Unión, por lo que esto podría liberar a las autoridades españolas de algunas acusaciones sobre malversación de fondos relacionados con el referéndum. Sin embargo, enfatiza que corresponde a los tribunales españoles decidir sobre la justificación de la amnistía, y critica que la normativa permite el levantamiento automático de medidas cautelares antes de que se termine el proceso de revisión judicial. Según las observaciones remitidas al TJUE, 'los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español' y 'la ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno'.
Estas consideraciones sugieren que si vuelve a aplicarse el principio de autoamnistía, se vulneraría el Estado de derecho. El escrito de la Comisión también cuestiona específicamente la cuestión del plazo de dos meses establecido para decidir sobre la aplicación de la amnistía, argumentando que 'este plazo no permite a los órganos jurisdiccionales competentes la adopción de las medidas procesales necesarias'. Adicionalmente, informes recientes han indicado que el Gobierno de España ha manipulado la interpretación de la Comisión, concentrándose solamente en el argumento de que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE, mientras ignoran las críticas al procedimiento legislativo y la categorización como autoamnistía
por parte de Bruselas. La respuesta final del TJUE será crucial, ya que se espera que contextualice su interpretación de la ley de amnistía en relación con las normas europeas, marcando un hito en la jurisprudencia. La Comisión advierte además que el levantamiento de medidas cautelares sin la debida revisión afecta a los principios de primacía del derecho de la Unión y separación de poderes. Este planteamiento será examinado en la vista que tendrá lugar el próximo 15 de julio, sobre la cual 'deben decidir las partes si existen razones suficientes para considerar que la ley de amnistía afecta los intereses de la Unión Europea'.
La Comisión aclara que no ve un vínculo suficiente entre las ilegalidades que conducen a la secesión y los intereses financieros de la Unión, por lo que esto podría liberar a las autoridades españolas de algunas acusaciones sobre malversación de fondos relacionados con el referéndum. Sin embargo, enfatiza que corresponde a los tribunales españoles decidir sobre la justificación de la amnistía, y critica que la normativa permite el levantamiento automático de medidas cautelares antes de que se termine el proceso de revisión judicial. Según las observaciones remitidas al TJUE, 'los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español' y 'la ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno'.
Estas consideraciones sugieren que si vuelve a aplicarse el principio de autoamnistía, se vulneraría el Estado de derecho. El escrito de la Comisión también cuestiona específicamente la cuestión del plazo de dos meses establecido para decidir sobre la aplicación de la amnistía, argumentando que 'este plazo no permite a los órganos jurisdiccionales competentes la adopción de las medidas procesales necesarias'. Adicionalmente, informes recientes han indicado que el Gobierno de España ha manipulado la interpretación de la Comisión, concentrándose solamente en el argumento de que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE, mientras ignoran las críticas al procedimiento legislativo y la categorización como autoamnistía
por parte de Bruselas. La respuesta final del TJUE será crucial, ya que se espera que contextualice su interpretación de la ley de amnistía en relación con las normas europeas, marcando un hito en la jurisprudencia. La Comisión advierte además que el levantamiento de medidas cautelares sin la debida revisión afecta a los principios de primacía del derecho de la Unión y separación de poderes. Este planteamiento será examinado en la vista que tendrá lugar el próximo 15 de julio, sobre la cual 'deben decidir las partes si existen razones suficientes para considerar que la ley de amnistía afecta los intereses de la Unión Europea'.