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La CNMC retrasa reformas y permite a las eléctricas ganar 2.500 millones por restricciones técnicas

El coste de un sistema obsoleto beneficia a las compañías energéticas, mientras la transición energética se ve comprometida.

Publicado: 27 de agosto de 2025, 06:46

La situación del sistema eléctrico en España está en el centro del debate actual, tras el notable incremento de pagos realizados a las eléctricas por las restricciones técnicas, cuyas cifras han alcanzado un récord de 2.493 millones de euros hasta agosto de 2025, y se espera que superen los 2.522 millones que costó este mecanismo en todo 2024. Este costo es resultado del retraso en la actualización de la normativa del servicio de control de tensión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un proyecto que se ha propuesto desde 2019 y que no se ha llevado a cabo debido a excusas burocráticas y la falta de acción efectiva.

Desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025, el sistema ha funcionado bajo un 'modo de operación reforzada,' generando un sistema de pagos extraordinarios que beneficia sobre todo a las centrales de gas. Según informes del Gobierno y de Red Eléctrica de España (REE), la falta de un servicio moderno ha permitido a las empresas eléctricas capitalizar una situación que ha sido calificada como un 'cheque en blanco.' Los costos derivados de las restricciones técnicas han aumentado más de un 50% en comparación al año anterior, lo que evidencia un mal diseño del sistema que prioriza combustibles fósiles.

La crítica hacia la administración resalta la necesidad de una evolución hacia una mayor independencia energética y sostenibilidad. Aunque los consumidores con tarifas fijas anuales no ven incremento en sus facturas, quienes sí lo sufren son aquellos con tarifas indexadas, expuestos a sobrecostos. Se implementará un nuevo servicio en 2026 que incorporará energías renovables, pero hasta entonces, las centrales de gas seguirán siendo fundamentales en la configuración del sistema eléctrico, lo que plantea serias consecuencias para la transición energética en España. La semana pasada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, insistió en la necesidad de un cambio estructural en la gestión del sistema eléctrico para evitar futuros episodios negativos como el apagón de abril, que evidenció las fallas del sistema actual.