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La CNMC promueve revisiones y sanciones en el sector eléctrico y la contratación pública en medio de crisis energéticas y de corrupción
Se abren consultas sobre medidas antiapagones y se preparan expedientes sancionadores, mientras se revisan criterios para la contratación pública.
Publicado: 25 de enero de 2026, 02:49
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tomado un papel proactivo en la regulación del sector eléctrico y la contratación pública en España atravesando momentos críticos. En primer lugar, la CNMC ha comenzado una consulta pública sobre las nuevas medidas "antiapagones" que se pondrán en marcha el próximo 20 de enero, buscando estabilizar la tensión en el sistema eléctrico.
Por otro lado, la CNMC está preparando expedientes sancionadores para los responsables del "gran apagón" que dejó a la Península Ibérica a oscuras hace meses, aunque la falta de claridad en la asignación de responsabilidades genera inquietud. Además, la CNMC revisa los criterios para imponer sanciones en contratación pública en medio de un estallido de corrupción, buscando equilibrar requisitos estrictos y criterios laxos que no garantizan la integridad del proceso.
Estos esfuerzos apuntan a mejorar la calidad de la contratación pública y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, con decisiones que impactarán significativamente la confianza del público y el funcionamiento de las entidades reguladas.
Por otro lado, la CNMC está preparando expedientes sancionadores para los responsables del "gran apagón" que dejó a la Península Ibérica a oscuras hace meses, aunque la falta de claridad en la asignación de responsabilidades genera inquietud. Además, la CNMC revisa los criterios para imponer sanciones en contratación pública en medio de un estallido de corrupción, buscando equilibrar requisitos estrictos y criterios laxos que no garantizan la integridad del proceso.
Estos esfuerzos apuntan a mejorar la calidad de la contratación pública y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, con decisiones que impactarán significativamente la confianza del público y el funcionamiento de las entidades reguladas.