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La auditoría sobre las prestaciones a jóvenes extutelados revela importantes deficiencias en la gestión y pagos indebidos en Cataluña
La DGAIA ha reconocido errores que afectan a centenares de jóvenes, con pagos incorrectos que ascienden a casi 170.000 euros.
Publicado: 31 de octubre de 2025, 08:18
Recientemente se ha dado a conocer el informe de auditoría sobre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en Cataluña, que ha evidenciado graves deficiencias en la gestión de las prestaciones económicas a jóvenes extutelados. Esta auditoría fue encargada por la Conselleria de Drets Socials e Inclusió a la empresa Global & Local Audit, y ha destapado irregularidades que han implicado pagos indebidos que ascienden a casi 170.000 euros, afectando a un considerable número de expedientes.
Los hallazgos del informe indican que el proceso de seguimiento y valoración de las prestaciones económicas no cumplió con los requisitos establecidos. En específico, se menciona que el Servei de Seguiment i Valoració de la Prestació (SEVAP), que fue externalizado en Girona en el año 2022, se basó en información obtenida únicamente a través de entrevistas con los jóvenes, sin una verificación documental adecuada. Esto llevó a que no se detectaran casos que justificaban la suspensión o extinción de las ayudas.
Ante estas irregularidades, la Conselleria de Drets Socials ha iniciado una revisión exhaustiva de todos los expedientes. A partir del 1 de noviembre, la gestión pasará a depender de una nueva Dirección General de Prestaciones Sociales, la cual implementará un sistema que permitirá verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos para obtener las ayudas. Las deficiencias en la gestión de las ayudas han sido puestas de relieve en el contexto de un aumento de casos de fraude y mala praxis en el sector social, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar la supervisión en diversas áreas relacionadas con el bienestar juvenil.
Los hallazgos del informe indican que el proceso de seguimiento y valoración de las prestaciones económicas no cumplió con los requisitos establecidos. En específico, se menciona que el Servei de Seguiment i Valoració de la Prestació (SEVAP), que fue externalizado en Girona en el año 2022, se basó en información obtenida únicamente a través de entrevistas con los jóvenes, sin una verificación documental adecuada. Esto llevó a que no se detectaran casos que justificaban la suspensión o extinción de las ayudas.
Ante estas irregularidades, la Conselleria de Drets Socials ha iniciado una revisión exhaustiva de todos los expedientes. A partir del 1 de noviembre, la gestión pasará a depender de una nueva Dirección General de Prestaciones Sociales, la cual implementará un sistema que permitirá verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos para obtener las ayudas. Las deficiencias en la gestión de las ayudas han sido puestas de relieve en el contexto de un aumento de casos de fraude y mala praxis en el sector social, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar la supervisión en diversas áreas relacionadas con el bienestar juvenil.