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La Audiencia Nacional revoca la semilibertad de Anboto y dos terceros grados
El juez estima los recursos de la Fiscalía y mantiene a Olarra Guridi y Aguirregabiria en el régimen flexible del artículo 100.2.
Publicado: 11 de noviembre de 2026, 07:46
La Audiencia Nacional ha vuelto a revocar la semilibertad concedida a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, y ha anulado los terceros grados otorgados a los miembros de la organización Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.
En tres autos, el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro estima los recursos de la Fiscalía contra la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta, en San Sebastián, para Iparraguirre y contra las decisiones del Gobierno vasco sobre los otros dos presos. Fuentes del Ejecutivo autonómico han declinado hacer comentarios.
En el caso de Anboto, la junta había propuesto por segunda vez flexibilizar su segundo grado mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, para permitirle salir de lunes a viernes a realizar voluntariado y regresar a prisión a dormir. El magistrado considera que, más allá de esa actividad, no se han aportado nuevos elementos que justifiquen la medida y que la propuesta carece de «la novedad cualificada exigible para legitimar una nueva reconsideración del asunto en un plazo temporal tan reducido».
Iparraguirre salió por primera vez de la prisión de Martutene el 24 de marzo, pero la Audiencia Nacional revocó en abril la aplicación del régimen flexible. Entonces, el juez señaló que la interna no había disfrutado de permisos que permitieran valorar su evolución. Los presos de Martutene fueron trasladados desde junio a Zubieta, cuya junta de tratamiento adoptó un nuevo acuerdo a principios de septiembre.
El magistrado reconoce que Iparraguirre ha aprovechado satisfactoriamente actividades y programas orientados a la responsabilidad por los hechos y el daño causado y a separarse del discurso que legitimó sus delitos. También señala que ha escrito una carta en la que asume su responsabilidad personal, reconoce el daño y rechaza expresamente la violencia. La exdirigente quiere realizar voluntariado con Cáritas en la parroquia de Oñate, en atención a inmigrantes, como vía de reparación.
Castro destaca, no obstante, la gravedad de los delitos, la proximidad de la anterior revocación y la existencia de procedimientos penales pendientes de juicio por hechos vinculados al terrorismo, entre ellos asesinatos. Iparraguirre cumple una pena acumulada de 30 años por delitos que incluyen diez asesinatos, tenencia de explosivos y armas, atentados, estragos, incendios y delitos contra la Corona. Su cumplimiento definitivo está previsto para septiembre de 2034.
En cuanto a Olarra Guridi, condenado por diez asesinatos consumados y 144 frustrados, el juez aprecia una evolución positiva, pero considera que ha transcurrido poco tiempo desde que accedió al régimen flexible en julio de 2025. Entiende que es necesario un plazo mayor para constatar los factores favorables antes de concederle el tercer grado.
El magistrado añade que la valoración debe tener en cuenta el tratamiento, el tiempo de condena cumplido y el pago de la responsabilidad civil como reparación a las víctimas. Su condena finalizará el 7 de septiembre de 2032. El Gobierno vasco ya le había concedido el tercer grado en mayo, una decisión revocada en julio por el juzgado; en octubre volvió a autorizarlo. Tras el nuevo auto, permanecerá en el régimen del artículo 100.2.
Castro también mantiene en ese régimen a Arkaitz Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin. El juez considera que debe continuar el programa de reinserción, que incluye la inserción laboral, hasta consolidar las condiciones que permitan prepararlo para mayores cotas de libertad, incluida la libertad condicional.
Aguirregabiria cumplió tres cuartas partes de su condena el 22 de agosto de 2023 y su cumplimiento definitivo está previsto para noviembre de 2029.
En tres autos, el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro estima los recursos de la Fiscalía contra la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta, en San Sebastián, para Iparraguirre y contra las decisiones del Gobierno vasco sobre los otros dos presos. Fuentes del Ejecutivo autonómico han declinado hacer comentarios.
En el caso de Anboto, la junta había propuesto por segunda vez flexibilizar su segundo grado mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, para permitirle salir de lunes a viernes a realizar voluntariado y regresar a prisión a dormir. El magistrado considera que, más allá de esa actividad, no se han aportado nuevos elementos que justifiquen la medida y que la propuesta carece de «la novedad cualificada exigible para legitimar una nueva reconsideración del asunto en un plazo temporal tan reducido».
Iparraguirre salió por primera vez de la prisión de Martutene el 24 de marzo, pero la Audiencia Nacional revocó en abril la aplicación del régimen flexible. Entonces, el juez señaló que la interna no había disfrutado de permisos que permitieran valorar su evolución. Los presos de Martutene fueron trasladados desde junio a Zubieta, cuya junta de tratamiento adoptó un nuevo acuerdo a principios de septiembre.
El magistrado reconoce que Iparraguirre ha aprovechado satisfactoriamente actividades y programas orientados a la responsabilidad por los hechos y el daño causado y a separarse del discurso que legitimó sus delitos. También señala que ha escrito una carta en la que asume su responsabilidad personal, reconoce el daño y rechaza expresamente la violencia. La exdirigente quiere realizar voluntariado con Cáritas en la parroquia de Oñate, en atención a inmigrantes, como vía de reparación.
Castro destaca, no obstante, la gravedad de los delitos, la proximidad de la anterior revocación y la existencia de procedimientos penales pendientes de juicio por hechos vinculados al terrorismo, entre ellos asesinatos. Iparraguirre cumple una pena acumulada de 30 años por delitos que incluyen diez asesinatos, tenencia de explosivos y armas, atentados, estragos, incendios y delitos contra la Corona. Su cumplimiento definitivo está previsto para septiembre de 2034.
En cuanto a Olarra Guridi, condenado por diez asesinatos consumados y 144 frustrados, el juez aprecia una evolución positiva, pero considera que ha transcurrido poco tiempo desde que accedió al régimen flexible en julio de 2025. Entiende que es necesario un plazo mayor para constatar los factores favorables antes de concederle el tercer grado.
El magistrado añade que la valoración debe tener en cuenta el tratamiento, el tiempo de condena cumplido y el pago de la responsabilidad civil como reparación a las víctimas. Su condena finalizará el 7 de septiembre de 2032. El Gobierno vasco ya le había concedido el tercer grado en mayo, una decisión revocada en julio por el juzgado; en octubre volvió a autorizarlo. Tras el nuevo auto, permanecerá en el régimen del artículo 100.2.
Castro también mantiene en ese régimen a Arkaitz Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin. El juez considera que debe continuar el programa de reinserción, que incluye la inserción laboral, hasta consolidar las condiciones que permitan prepararlo para mayores cotas de libertad, incluida la libertad condicional.
Aguirregabiria cumplió tres cuartas partes de su condena el 22 de agosto de 2023 y su cumplimiento definitivo está previsto para noviembre de 2029.