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La Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional a Álvaro Romillo por estafa de 185 millones y riesgo de fuga
La decisión se fundamenta en la capacidad económica del empresario para evadir la justicia y la posibilidad de destrucción de pruebas.
Publicado: 5 de diciembre de 2025, 22:18
La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional a Álvaro Romillo, el empresario vinculado a la plataforma de inversión Madeira Invest Club (MIC), por la presunta estafa de más de 185 millones de euros que ha afectado a cerca de 3.000 inversores. Este fallo se basa en la evaluación del riesgo de fuga, dado que Romillo dispone de una 'ingente capacidad económica' que le permitiría escapar a países donde podría evitar órdenes de captura.
La resolución del tribunal considera que los indicios de la capacidad económica del empresario son preocupantes, tras descubrir transferencias significativas en cuentas en el extranjero y la identificación de bienes de lujo. Estas circunstancias aumentan el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas relacionadas con el esquema utilizado para desviar los fondos invertidos.
El ingreso en prisión provisional sin fianza se decretó para prevenir cualquier intento de evasión a la justicia. Se argumenta que permitir la libertad de Romillo obstaculizaría la localización de activos cruciales para satisfacer las reclamaciones de las víctimas de la estafa, quienes han perdido cantidades significativas de dinero.
La resolución del tribunal considera que los indicios de la capacidad económica del empresario son preocupantes, tras descubrir transferencias significativas en cuentas en el extranjero y la identificación de bienes de lujo. Estas circunstancias aumentan el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas relacionadas con el esquema utilizado para desviar los fondos invertidos.
El ingreso en prisión provisional sin fianza se decretó para prevenir cualquier intento de evasión a la justicia. Se argumenta que permitir la libertad de Romillo obstaculizaría la localización de activos cruciales para satisfacer las reclamaciones de las víctimas de la estafa, quienes han perdido cantidades significativas de dinero.