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La Audiencia Nacional investigará a Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual

El juez admite parcialmente la querella de dos exempleadas y las cita a declarar presencialmente el 3 de febrero de 2027.

Publicado: 18 de noviembre de 2026, 16:12

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella presentada por dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias e investigará al cantante por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. La resolución rechaza abrir la causa por los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también figuraban en la querella.

Las denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, atribuyen al cantante acoso y agresiones sexuales, lesiones y vejaciones durante el tiempo que trabajaron en sus residencias de República Dominicana y Bahamas en 2021. Una relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales y la otra aseguró que sufrió tocamientos. También describieron un ambiente de control e intimidación; una de ellas sostuvo que estaban obligadas a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

Iglesias ha negado las acusaciones. Su defensa, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, recurrirá la resolución una vez la haya estudiado.

El magistrado considera que el relato detallado y los indicios aportados justifican el inicio de la investigación, sin que ello suponga una valoración de la credibilidad de las denunciantes. Entre la documentación figura una fotografía de una de ellas con un moratón en un brazo, compatible con un agarre fuerte, y dos marcas en un muslo que podrían corresponder a una mordedura. La querella señala que esas marcas son consecuencia de la participación obligada de la denunciante en actos sexuales. También se aporta prueba testifical y conversaciones.

Para las lesiones y el trato degradante, el auto limita la investigación a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que los anteriores formen parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito. Sobre las conductas sexuales, Piña considera prematuro determinar su calificación y posible prescripción, especialmente en relación con hechos que la legislación vigente en 2021 calificaba de abuso sexual.

Las dos mujeres deberán comparecer presencialmente el 3 de febrero de 2027. El juez rechaza concederles la condición de testigos protegidas o imponer una orden de alejamiento porque, a su juicio, no se ha acreditado la situación de peligro exigida. Sí acuerda reservar sus domicilios y otros datos de localización y grabar sus declaraciones solo en audio. Por el momento, no se pronuncia sobre una citación del cantante.

La decisión llega después de que la Fiscalía archivara en enero una primera denuncia al considerar que la justicia española no era competente para investigar hechos presuntamente cometidos en el extranjero. En septiembre, las mujeres, asesoradas por Women’s Link Worldwide, presentaron una querella directamente ante la Audiencia Nacional. En octubre, otro fiscal informó a favor de investigarla. El juez recuerda que el archivo fiscal no equivale a un sobreseimiento judicial ni produce por sí mismo cosa juzgada.

Piña considera que España tiene jurisdicción por la nacionalidad del cantante y que concurren los requisitos para investigar los presuntos delitos admitidos. Señala, no obstante, que las denunciantes también pueden acudir a los tribunales de los países donde habrían ocurrido los hechos y que no se han aportado circunstancias objetivas que cuestionen la capacidad de esas autoridades para investigarlos.

El juez aprecia lagunas en la querella sobre la supuesta participación de dos administradoras de las residencias, ambas extranjeras, a las que el relato atribuye actuaciones que podrían tener relevancia penal. Considera que esas omisiones parecen encaminadas a favorecer la competencia española y advierte de que investigar por separado puede fragmentar unos hechos que aconsejarían una valoración conjunta. También prevé necesidades de cooperación internacional. Pese a sus reservas, sostiene que limitar las personas contra las que se dirige la querella no constituye por sí solo un fraude procesal.

Al descartar la trata, el magistrado señala que en la contratación no aprecia engaño ni la situación de vulnerabilidad descrita por las querellantes. En el caso de una de ellas, indica que accedió al empleo mediante una oferta pública, aceptó que incluía alojamiento, no sufrió retirada del pasaporte ni restricciones de comunicación y pudo abandonar el trabajo. Añade que el salario ofrecido duplicaba el mínimo para trabajadores de grandes empresas en República Dominicana y que, tras su salida, el cantante atendió peticiones como una carta de recomendación y pagos pendientes.

Sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores, el juez afirma que las legislaciones de Bahamas y República Dominicana no tienen un tipo penal equivalente al español. También señala las dificultades que plantearía examinar la supuesta intervención de las dos administradoras en esos hechos sin sus testimonios y las consecuencias que ello podría tener para el derecho de defensa.

El auto examina además mensajes de WhatsApp intercambiados después de la salida de una denunciante y hasta 2024 con una de las encargadas. El juez aprecia una aparente discordancia entre el tono cordial de algunas conversaciones y aspectos de la querella, pero indica que deberá contrastarse con las declaraciones y el examen completo y contextualizado de las comunicaciones.

En relación con el caso, una jueza de Madrid admitió una querella de Iglesias contra un medio y citó para diciembre a su director y otros cuatro periodistas por presuntas injurias con publicidad, calumnias y delitos contra la integridad moral. El cantante también demandó a la vicepresidenta Yolanda Díaz por sus manifestaciones sobre las acusaciones; el Tribunal Supremo no admitió a trámite la denuncia por falta de competencia, al considerar que sus palabras no estaban vinculadas al ejercicio de su cargo.