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La Audiencia Nacional condena a exalcaldes y empresarios en el caso Púnica por corrupción en contratos públicos
Se imponen penas de prisión a 29 involucrados, incluida la empresa Cofely, por prácticas corruptas en la Comunidad de Madrid.
Publicado: 11 de enero de 2026, 03:50
La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia condenatoria que involucra a 29 de las 37 personas juzgadas en la pieza del caso Púnica, centrada en la corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely. Estas prácticas corruptas, que llevaron a penas de hasta ocho años y dos meses de prisión, se llevaron a cabo entre marzo de 2012 y octubre de 2014.
Entre los condenados están seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, que recibieron penas por adjudicar contratos de eficiencia energética a Cofely a cambio de sobornos. Además, el empresario David Marjaliza ha sido condenado a ocho años y dos meses por delitos que incluyen organización criminal y blanqueo de capitales, evidenciando un modelo delictivo dentro de Cofely que manipuló adjudicaciones mediante corrupción.
El tribunal resaltó que las medidas anticorrupción de Cofely fueron ineficaces, permitiendo la expansión de la corrupción en varios ayuntamientos. Este caso es un hito en la lucha contra la corrupción en España, evidenciando la necesidad de mayor transparencia en adjudicaciones públicas y el fortalecimiento de los mecanismos de control administrativo.
Entre los condenados están seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, que recibieron penas por adjudicar contratos de eficiencia energética a Cofely a cambio de sobornos. Además, el empresario David Marjaliza ha sido condenado a ocho años y dos meses por delitos que incluyen organización criminal y blanqueo de capitales, evidenciando un modelo delictivo dentro de Cofely que manipuló adjudicaciones mediante corrupción.
El tribunal resaltó que las medidas anticorrupción de Cofely fueron ineficaces, permitiendo la expansión de la corrupción en varios ayuntamientos. Este caso es un hito en la lucha contra la corrupción en España, evidenciando la necesidad de mayor transparencia en adjudicaciones públicas y el fortalecimiento de los mecanismos de control administrativo.