Progresista 53.2%Conservador 46.8%
La Audiencia Nacional avanza en el 'caso hidrocarburos' citando a exjefes de gabinete de trasladar testimonios clave.
El juez Pedraz ordena la comparecencia de varios implicados en un esquema de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos.
Publicado: 5 de enero de 2026, 15:04
La Audiencia Nacional avanza en la investigación del 'caso hidrocarburos', relacionado con un fraude millonario del IVA en el sector energético, convocando a testigos clave como los exjefes de gabinete de las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera. Estos testimonios, programados para el 28 y 29 de enero, son cruciales para dilucidar la relación entre los implicados y las operaciones delictivas que pudieron tener lugar entre 2020 y 2024.
En el centro de la investigación se encuentra la empresa Villafuel, que presuntamente utilizó un millón de euros para sobornar a funcionarios con el fin de obtener autorizaciones. La Fiscalía ha recopilado evidencias que apuntan a reuniones entre los implicados y funcionarios ministeriales, sugiriendo corrupción dentro de la administración pública. La extensión de las cantidades y la cantidad de documentos aún por revisar han llevado al juez a prorrogar las investigaciones.
La relevancia del caso no solo radica en el fraude económico, sino también en las graves implicaciones éticas y legales para los altos funcionarios que están bajo investigación, reflejando serias preocupaciones sobre la integridad en la administración pública.
En el centro de la investigación se encuentra la empresa Villafuel, que presuntamente utilizó un millón de euros para sobornar a funcionarios con el fin de obtener autorizaciones. La Fiscalía ha recopilado evidencias que apuntan a reuniones entre los implicados y funcionarios ministeriales, sugiriendo corrupción dentro de la administración pública. La extensión de las cantidades y la cantidad de documentos aún por revisar han llevado al juez a prorrogar las investigaciones.
La relevancia del caso no solo radica en el fraude económico, sino también en las graves implicaciones éticas y legales para los altos funcionarios que están bajo investigación, reflejando serias preocupaciones sobre la integridad en la administración pública.