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La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre el apagón eléctrico de abril de 2025 al descartar un sabotaje terrorista
Tras meses de indagaciones, el juez concluye que no hay pruebas de un ciberataque y apunta a fallos en el control de tensión como causas.
Publicado: 13 de enero de 2026, 01:47
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido archivar la investigación sobre el apagón eléctrico que afectó a la Península el pasado 28 de abril de 2025, al determinar que no existe 'el más mínimo indicio' de que se tratara de un sabotaje terrorista. A lo largo de la instrucción, se analizaron más de 8.000 grabaciones y cerca de 1.300 correos electrónicos, todos revisados por la Comisaría General de Información, y ninguno de ellos mostró indicios de interferencias maliciosas.
Informes del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Comisaría General de Información confirmaron que no hubo ciberacciones dañinas ni evidencias de ataques. El juez también destacó que varios informes técnicos, incluyendo uno del Comité Analizador de las Circunstancias de la Crisis Eléctrica creado por el Gobierno español, señalaron que la causa del apagón puede atribuirse a problemas administrativos y/o civiles en el manejo de la programación y funcionamiento de las centrales eléctricas, así como a un control de tensión insuficiente. Esto contribuyó al fallo general del sistema.
Finalmente, dado que no se pudieron acreditar indicios delictivos, el juez cerró la investigación, sugiriendo que la cuestión debería ser abordada por mecanismos administrativos más apropiados. En su resolución, el juez reafirmó que todos los informes examinados respaldan esta decisión, esgrimiendo que se descartaron de manera rotunda las hipótesis de ciberataques por parte de grupos criminales, estatales o terroristas. De acuerdo con las conclusiones generales, el apagón se debió a una combinación de factores, incluida la insuficiencia en la capacidad de control de tensión, programaciones inadecuadas y desconexiones intempestivas de las centrales de generación.
Informes del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Comisaría General de Información confirmaron que no hubo ciberacciones dañinas ni evidencias de ataques. El juez también destacó que varios informes técnicos, incluyendo uno del Comité Analizador de las Circunstancias de la Crisis Eléctrica creado por el Gobierno español, señalaron que la causa del apagón puede atribuirse a problemas administrativos y/o civiles en el manejo de la programación y funcionamiento de las centrales eléctricas, así como a un control de tensión insuficiente. Esto contribuyó al fallo general del sistema.
Finalmente, dado que no se pudieron acreditar indicios delictivos, el juez cerró la investigación, sugiriendo que la cuestión debería ser abordada por mecanismos administrativos más apropiados. En su resolución, el juez reafirmó que todos los informes examinados respaldan esta decisión, esgrimiendo que se descartaron de manera rotunda las hipótesis de ciberataques por parte de grupos criminales, estatales o terroristas. De acuerdo con las conclusiones generales, el apagón se debió a una combinación de factores, incluida la insuficiencia en la capacidad de control de tensión, programaciones inadecuadas y desconexiones intempestivas de las centrales de generación.